La Comisión Especial de Diputados que debe dictaminar sobre el pedido de intervención a la municipalidad de Caapucú, departamento de Paraguarí, convocó hoy para las 09:00 a los concejales denunciantes y para las 11:00, el intendente Gustavo Penayo (ANR, HC), según confirmó el presidente de la comisión, el diputado Ángel Paniagua (ANR, FR).
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El pedido de intervención a la gestión de Penayo fue presentado ya en octubre del año pasado, pero una serie de dilaciones, tanto en el trámite en el Ministerio del Interior como en la Cámara de Diputados, hizo que recién ahora se pueda analizar el pedido.
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En la campaña para las elecciones del pasado 30 de abril, Penayo se mostró cerca de los principales referentes de Honor Colorado, como el presidente electo Santiago Peña, el diputado y vicepresidente electo Pedro Alliana y el exgobernador de Paraguarí, senador electo y futuro ministro de Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja (todos ANR, HC).
Sin embargo, su principal padrino político es el diputado reelecto de Paraguarí Esteban Samaniego (ANR, HC), que sin importar algún eventual conflicto de intereses, también forma parte de la Comisión Especial que deberá dictaminar el caso de Penayo.
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El pedido de intervención es con base en una serie de presuntas irregularidades en el periodo 2021, aunque también existen cuestionamientos a su balance del 2022.
Entre los 9 puntos que se citan en el pedido de intervención, destaca según el documento presentado a Diputados, el “vaciamiento de fondos de las cuentas de royalties sin obras visibles, sin rendiciones y sin procesos públicos y transparentes”.
Los concejales sostiene que tras apenas dos meses de haber asumido la intendencia (noviembre y diciembre de 2021), Penayo recibió G. 1.661.030.852 de fondos de Royalties, y que en ese plazo “se puede observar el vaciamiento de dichos fondos sin ninguna obra visible en el distrito y sin rendiciones de cuentas de los mismos”.
También la presunta falta de transparencia afectó la provisión de merienda escolar en el periodo 2022, ya que tras una investigación de oficio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se tuvo que suspender el llamado a licitación.
También se denuncia la supuesta negativa a rendir cuentas sobre uso de fondos, la negativa de pagar a concejales críticos a su gestión, despidos injustificados, entre otros hechos.
Se declara “perseguido político”
También está en controversia el balance del periodo 2022, ya que inicialmente fue rechazado en mayoría por la Junta, pero luego fue vetado por el intendente Penayo. Tras esto hubo cambio de postura de un grupo de concejales, quedando empatados a 5 votos entre los que defendían el rechazo y los que pretendían aceptar el veto.
“Mi ‘pecado’ es trabajar 24/7 y de sol a sol, para que mi Caapucú querido progrese”, había alegado Penayo y dijo no ser como “quienes nos persiguen, que están procesados por obras fantasmas y llevarse la plata del pueblo”.