El proyecto más alarmante, ya que aún no fue tratado en ninguna de las cámaras, es el veto del Ejecutivo al proyecto de ley “que modifica los artículos 187 y 192 de la Ley Nº 1160/97, Código Penal, modificado por la Ley Nº 3440/2008 (estafa y lesión de confianza, respectivamente).
Esta iniciativa, conocida por su idea original de elevar las penas para aquellos administradores públicos que defrauden las arcas públicas, terminó completamente desvirtuada y siendo un peligro potencial de impunidad.
Esto debido a que en parte del articulado modificado se agregó la exigencia para el Ministerio Público de demostrar la “intención de obtener un beneficio patrimonial indebido para sí o para un tercero o para causar daño”.
Es decir, en el caso de quedar promulgada la ley, la Fiscalía no solo debe demostrar el daño patrimonial, sino hacer una evaluación subjetiva y demostrar que quien haya robado dinero público, intentó sacar provecho.
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Proyecto abre chance a blanqueos masivos
Esto abre la puerta a blanqueos masivos, teniendo en cuenta que incluso con la ley vigente, varios políticos lograron zafar de la justicia, “devolviendo lo robado”.
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Ayer tampoco se trató el otro proyecto cuestionado por el Ejecutivo, “que modifica los artículos 420 y 421 de la Ley Nº 1286/1998, Código Procesal Penal” sobre el “procedimiento abreviado”, que al menos ya tuvo la aceptación del veto por parte del Senado.
En este caso, si bien la modificación planteada era mucho más peligrosa, ya que hubiese permitido que incluso criminales con expectativas de penas de hasta 12 años (incluido corrupción, abuso de menores y asesinato) logren penas irrisorias a cambio de reconocer los delitos.