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La Comisión de Hacienda y Presupuesto ya dio su visto bueno para que el proyecto de ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas sea tratado por el pleno de la Cámara de Senadores.
El líder de la bancada cartista, el senador Basilio “Bachi” Núñez, ayer anunció que durante la sesión ordinaria del jueves solicitarán realizar una sesión extraordinaria para tratar como único punto el proyecto de ley que crea el ministerio de economía y finanzas. “Lo hacemos con un preaviso para que los colegas se preparen”, dijo Núñez.
El senador indicó que la intención es aprobar el jueves en el Senado y que Diputados tenga un plazo de 10 o 12 días para sancionar la norma de modo a que para el 15 de agosto, con la asunción del nuevo gobierno, la ley pueda entrar en vigencia.
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En la sesión del jueves pasado, el pleno había aprobado postergar su estudio por un plazo de 15 días, a pedido del senador cartista Derlis Maidana. Sin embargo, Núñez ayer manifestó que ya no dará el tiempo para que Diputados se expida antes de la asunción del presidente electo Santiago Peña.
Cuestionamientos al Ministerio de Economía
El senador Rafael Filizzola (PDP) resalta una serie de cuestionamientos al proyecto de ley y señala que el Ministerio de Hacienda es una de las instituciones más destacadas —junto con el Banco Central del Paraguay— tanto por su institucionalidad, su labor y capital humano. Además, afirma que es la cartera más antigua de todas. Ese acervo institucional de más de 200 años se pretende cambiar en forma apresurada, sin un debido estudio, afirma.
Filizzola menciona que se está trabajando en un proyecto de ley que establece las reglas para estos cambios, pero improvisan estas reformas antes de tener aprobado el marco regulatorio.
Cuestiona que se deja al arbitrio del Poder Ejecutivo la organización del ministerio, un asunto que usualmente es materia de ley, dotando al nuevo ministerio de una amplia discrecionalidad.
“Por todo esto, queda claro que el Ejecutivo no tiene interés en discutir con el Congreso la estructura organizacional del nuevo ministerio, que tendrá a su cargo la planificación económica. Esto otorga una amplia discrecionalidad al gobierno de turno para alterar la estructura creando nuevas dependencias”, señala.
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Filizzola menciona que la discrecionalidad alcanza a la desvinculación de funcionarios a través de excepciones a la ley del Presupuesto General sin tener en cuenta derechos adquiridos ni la voluntad de los afectados. Asimismo, se dispone la suerte de jubilación obligatoria para ciertos funcionarios. Indica que ello afecta a las tres instituciones involucradas, pues todas son absorbidas (Hacienda, STP y SFP).
Asegura que el Ejecutivo tiene la intención de gobernar por decreto algo que la Constitución no permite.