Una serie de irregularidades detectó la Contraloría General de la República (CGR) durante la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada el año pasado en la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran). La tarea se realizó en cumplimiento a lo dispuesto por la resolución CGR N° 760//22, de acuerdo a los detalles.
Entre los hallazgos están la falta de documentación de respaldo sobre contratos y adendas firmadas con los talleres adjudicados para la explotación del servicio de Inspección Técnica Vehicular; diferencias en las cantidades de inspecciones técnicas vehiculares realizadas, según las informaciones proveídas por los Centros de Inspección Técnica Vehicular y el resumen de inspecciones valorizado de la Dinatran extraídos de su sistema y falencias en los antecedentes y legajos de pago de las adjudicaciones de la institución.
Otra observación contundente detallada por la CGR hace referencia a que la Dinatran no presentó evidencia física y documental de que los equipos informáticos y software adquiridos y pagados de la Licitación Pública Nacional con ID N° 416281 “Adquisición de Software de Monitoreo y Cambio de Plataforma Tecnológica” hayan sido instalados al cierre del ejercicio fiscal 2022.
La institución tampoco disponía entre sus documentos de respaldo con las “actas de recepción definitiva” en las 29 localidades tal como establecía el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) como el contrato N° 5/22, suscripto el 25 de octubre de 2022 por el entonces titular de la Dinatran, Juan José Vidal Bonin.
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La CGR también dice que la Dinatran no presentó el informe de instalación de bienes que certifique y avale que los activos fueron instalados. Asimismo, el legajo de rendición de cuentas no adjuntaba el informe de Auditoría interna de incorporación de los bienes y servicios.
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Más de G. 3.100 millones en compras para Dinatran
Los registros en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) detalla que la Dinatran pagó el 29 de noviembre del año pasado G. 3.104 millones a la empresa Solver Industrial SRL, representada por Juan Carlos Rodríguez Verón, por la “adquisición de software de monitoreo y cambio de plataforma tecnológica”.
El PBC establecía que la firma adjudicada debía encargarse de la actualización del sistema de fiscalización electrónica, actualización y cambio de plataforma tecnológica del sistema de control electrónico en rutas como también de la provisión de un software de monitoreo de puestos y talleres ITV, con respuesta a incidentes.
Asimismo, debía entregar antena/lector RFID con sus respectivos accesorios y computadoras tipo 2-Intermedia.
Servicio de Postventa a Dinatran
El PBC igualmente establecía en sus especificaciones técnicas que la empresa adjudicada deberá brindar el servicio de respuesta a incidentes y puesta en funcionamiento de los componentes instalados en los ocho puestos fijos de fiscalización. La finalidad de este servicio es la de restaurar los componentes a un estado operativo funcional y evitar las interrupciones de la operatividad del sistema de la Dinatran.
“El periodo de prestación del servicio será de veinticuatro meses a partir de la firma del contrato. Durante este plazo la convocante podrá solicitar a la empresa adjudicada la verificación de los componentes en los puestos indicados en forma bimestral”, dice el documento.
Entre los ocho puestos que debían ser beneficiados están los ubicados en 25 de Diciembre (Dpto. de San Pedro), Horqueta (Concepción), Pozo Colorado, Villarrica, Misiones, Edelira (Itapúa), Saltos del Guairá (Canindeyú) y la entonces terminal de ómnibus de Asunción.
El contrato establecía que el plazo de entrega de los bienes no debía ser mayor a 30 días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.
La Dinatran emitió las órdenes de compra el 3 de noviembre de 2022, según los documentos.
Otras falencias descriptas
El informe del ente de control detalla sobre las otras falencias detectadas en licitaciones de la Dinatran. Se cita el contrato para el servicio de impresión de credenciales para transporte de mercancías peligrosas, adjudicado a la firma Consorcio Integraciones Industriales y Tecnológicas (Israel Hugo Centurion Gallagher), por G. 262 millones.
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En este caso se detectó discrepancias entre el PBC y el contrato en cuanto a la cantidad de credenciales a ser entregadas a la Dinatran, lo que obligó a la suscripción de una adenda.
El otro acuerdo con observaciones es por el mantenimiento y reparación de vehículos, adjudicado a la firma Servicio y Comercio Patri (Justo Almada Colmán), por G. 264 millones. El documento de la CGR dice que no se encontraron ordenes de servicios, informes técnicos y actas de recepción de los servicios en varias rendiciones de cuentas.
Además, las notas de presupuesto eran ilegibles y sin fecha, misma copia de orden de servicio en legajos diferentes, y actas de recepción de servicio sin descripción ni cantidad de los servicios de mantenimiento recibidos.