El proyecto, que fue largamente debatido en audiencias públicas y comisiones, busca establecer medidas básicas para la operatividad de empresas virtuales (aplicaciones intermediarias entre el conductor y el usuario) vinculadas al transporte de personas y de cargas.

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La iniciativas busca dar garantías tanto para el usuario como para los prestadores de servicios, ante problemáticas relacionadas a este tipo de operaciones como son la seguridad, la obligatoriedad de certificar la identidad de las partes y sobre todo la cuestión de vínculo laboral, que es el punto más debatido del proyecto.

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En este punto, existen divergencia entre los diferentes servicios sobre el tipo de vínculo laboral que quieren.

En el caso de los conductores de plataformas de transporte de personas (Uber, Muv, Bolt, InDriver y otras), se oponen a tener que se imponga la obligación de establecer un vinculo laboral formal, ya que la mayoría de ellos prestan servicios en varias plataformas en paralelo y otros lo hacen en sus tiempos libres.

En contrapartida, los gremios de repartidores de mercaderías y alimentos (delivery) sí están de acuerdo en acogerse a un contrato laboral formal, ya que sostienen que se encuentran desprotegidos y son los que se arriesgan en la calle.

Mencionan por ejemplo que en casos de accidentes o asaltos, son ellos los que deben hacerse cargo de los gastos y no tienen ningún tipo de seguro. Sobre todo refieren que las empresas supuestamente no asumen ninguna responsabilidad.