En Diputados tratan de reglar complejas plataformas de movilidad

El proyecto de ley “que regula el trabajo en empresas de plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio” tiene como proyectistas a los diputados Pedro Gómez y Rodrigo Blanco (ambos de PLRA, bancada PL). Indicaron que buscan formalizar una actividad en auge, que son las plataformas digitales de movilidad (Bolt, Uber, Muv, etc.) y otras de reparto a domicilio (deliverys).

El primer punto que piden que se tenga en cuenta en la ley es la seguridad, no solo de los pasajeros, sino también de los conductores, que diariamente sufren asaltos, siendo estos “pescados” a través de las mismas plataformas por los delincuentes.

En tal sentido, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, brindó su apoyo para trabajar en un mecanismo de verificación de identidad de los conductores de plataformas, para frenar la inseguridad.

Por su parte, Basilio Duarte, representante de la Federación Paraguaya de Conductores de Plataformas; Óscar Mosqueda, de la empresa Vigo-APP, y Julio Gómez, conductor de Bolt, coincidieron en la necesidad de exigir documentos de identidad también a los usuarios.

“Varias veces tuve que llevarle a ‘Mazinger Z’, ‘Goku’ y a otros, y si se iguala la vara y a todos se les exigen estos documentos, ahí el usuario se va a adecuar”, dijo Duarte, haciendo alusión a usuarios que se esconden detrás de las cuentas falsas porque solo buscan asaltar a los conductores.

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Mosqueda dijo que se necesita poner freno a esto de no requerir información de los pasajeros, para que “dejen de morir o ser asaltados por personas que utilizan los medios tecnológicos para delinquir”.

Gómez acotó que incluso muchos conductores son usados para repartir droga por los “chespis”. “Póngale a los de narcóticos en un vehículo de Bolt para saber dónde se vende droga, van a terminar los chespiritos. Impresionante es lo que vivimos”, dijo relatando casos de usuarios que recorren la ciudad como “pasajeros”, pero en realidad se dedicarían al narcomenudeo, lo cual evidentemente no pueden denunciar por temor.

Desprecarización laboral

Federico Ferreira, del Sindicato de Trabajadores en Moto y Afines (Sinactram), se enfocó en la desprecarización laboral, donde existen diferencias según las plataformas.

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Ferreira pidió que se los reconozcan como trabajadores con los derechos que esto implica (seguridad social y protección en casos de accidente), y que se obligue a las empresas internacionales a fijar oficinas en el país.

Indicó que tal vez para los usuarios la plataformas sean un ventaja, pero para los trabajadores son todas desventajas, no solo en lo económico, sino en cuanto a la inseguridad (asaltos y accidentes de tránsito).

“Nos explotan. Antes en cada pedido ganábamos G. 7.000 a 15.000″, recordó, mientras que ahora, como máximo las plataformas pagan por pedido 4.500 a 6.000 máximo, sin contar que nadie se hace cargo en casos de accidentes laborales, donde la mayoría de los trabajadores son jóvenes de 18 a 25 años.

Remarcó que sobre todo las empresas internacionales no tributan en Paraguay, mientras que el Estado tiene que hacerse cargo de los gastos de las personas que trabajan para ellos. “Entre US$ 120 a 150 millones están gastando anualmente en Emergencias Médicas”, refirió sobre otra arista del problema

Marcos Flores, desde el gremio de conductores que llevan personas, tiene una visión distinta. “Muchos somos multiplataformas y establecer un vínculo con una sola plataforma nos estaría dejando sin trabajar”, dijo, además que “ingresar a IPS sería casi inviable” por el impacto que implicaría al sistema jubilatorio.

Sin embargo, la Defensora Adjunta del Pueblo, Natalia Sosa dijo que hay derechos laborales básicos que son irrenunciables y que el Estado debe encontrar la forma de garantizarlos, como ser “pisos mínimos de seguridad social”.

En tal sentido, sugirió como una alternativa aplicar algo ya establecido en la ley como el régimen de “empleo parcial”, que contempla “una modalidad de contrato que se puede tener a consideración” ya que “no podemos seguir promoviendo trabajo precario como empleo juvenil”.

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“Competencia desleal” con plataformas internacionales

Finalmente, los representantes de empresas locales, Sergio Mura de MUV y Javier Balbuena de Vigo - APP, reclamaron la competencia “desleal” con empresas internacionales, que no tributan en el país.

“Si no se está realizando la facturación del negocio y todo ese dinero va al extranjero sin ninguna facturación, (...), está ocurriendo lavado de dinero”, reclamó Balbuena.

Un par de presentes, incluso planteó la posibilidad de bloquear la operatividad en el país de empresas que no se adecuen a las normas locales.

También fueron invitados, pero estuvieron ausentes en la audiencia representantes de Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.