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Entre los puntos requeridos, estaba la contratación de personal idóneo para las secretarías de Obras, Finanzas y de Control Interno, la compra de un sistema informático para los informes contables de administración financiera, control de personal y combustible.
La Contraloría también recomendó un control documental de la gestión municipal, en especial en la contratación de personal, licitaciones y pago de salarios y pago por obras.
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El intendente Víctor Garay Olmedo fue imputado hace dos semanas por los presuntos delitos de producción de documentos no auténticos y producción inmediata de documento público de contenido falso con base precisamente en las irregularidades administrativas detectadas por la Contraloría General de la República (CGR). El fiscal del caso, Luis Alberto Albertini, pidió la prisión domiciliaria del intendente.
La imputación es una consecución de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) ejecutada por la CGR al ejercicio fiscal del año 2022 de la administración comunal en la que fueron detectadas al menos 25 irregularidades, entre ellas el uso del dinero público para el pago por obras inconclusas, cancelación de honorarios profesionales por informes inexistentes, inconsistencias entre pagos declarados y efectivamente realizados.
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Comuna de Mariscal Estigarribia
En similar situación está la Municipalidad de Mariscal Estigarribia (Boquerón), a cargo del intendente Víctor Díaz (Alianza), que tampoco cumplió los 19 puntos que tenía el plan de mejoramiento.
La CGR indicó que la municipalidad debía contratar personal capacitado para llevar adelante el control interno, también en la dirección de Finanzas, Fiscalización de obras, rendición de cuentas.
El Ministerio de Economía no transfiere dinero de Fonacide a la comuna debido a faltas administrativas.