CGR confirmó irregularidades en municipalidad de Jesús, Itapúa

El fiscal Luis Albertini informó que efectivamente en su unidad tiene un proceso abierto contra la administración del intendente Víctor Bernardo Garay Olmedo (ANR- Fuerza Republicana), tras una denuncia.

El agente fiscal dijo que está esperando la remisión formal del informe de la Contraloría General de la República (CGR) para avanzar en el proceso. No obstante, Albertini ya está en conocimiento del contenido de dicho informe.

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El documento contiene 115 páginas con al menos 25 observaciones de irregularidades no justificadas por la administración comunal en su informe de descargo. Se adjunta las conclusiones de los técnicos en cada uno de los puntos analizados.

Entre algunos de los casos llamativos, la CGR refiere a pagos efectuados a una profesional arquitecta María Laura Bonette de G. 133 millones para la fiscalización de obras durante el ejercicio 2022. Por otro lado, la Comuna no dispone del “informe del trabajo realizado” en los legajos de rendición de cuentas ni el detalle de las obras fiscalizadas.

También observa en el informe que la administración municipal pagó G. 23.112.448 de más de más a la citada profesional en el ejercicio fiscal 2022. De esta manera se transgredió el tope salarial dispuesto por la modalidad de su contratación, como profesional independiente.

La observación número seis menciona el pago irregular de G. 59.144.331 a un profesional arquitecto Roque Ortiz por un un contrato sin número de fecha 20-08-2020. “Sin informe de los trabajos realizados e inconsistencia en los legajos de rendición de cuentas”, destaca la Contraloría.

Asimismo, una de las observaciones efectuadas cita que la administración pagó durante el ejercicio 2022 más de G. 3,5 millones en concepto de honorarios de lo que consta en su informe, según los comprobantes de las órdenes de pago.

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“Construcciones”

Un detalle que menciona la auditoría es que la Municipalidad no publicó los antecedentes de las contrataciones directas imputadas al sub grupo de gastos “Construcciones”, adjudicadas por un monto superior a los G. 1.546 millones, según las órdenes de pago presentadas.

De acuerdo a denuncias de pobladores, muchas de las adjudicaciones de obras fueron efectuadas en forma directa a operadores políticos y hasta a familiares de funcionarios municipales.

Tampoco la Municipalidad cumplió con el requisito de la garantía de cumplimiento de contrato que deben cumplir las empresas proveedoras de los servicios.

Intentamos obtener una versión del intendente Víctor Garay a quien remitimos mensajes con nuestras consultas, pero no obtuvimos retorno.