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Este martes tuvo lugar en el Congreso Nacional una reunión de legisladores con representantes de la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el objetivo de plantear preguntas sobre la hasta ahora fallida implementación del sistema de estacionamiento tarifado en Asunción.
El pasado 2 de enero entró en vigencia el sistema de estacionamiento tarifado, administrado por el consorcio de empresas privadas Parxin, en tres zonas de Asunción: el centro de la ciudad, incluyendo parte del barrio Las Mercedes; Sajonia y Villa Morra, incluyendo la zona de Carmelitas.
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Sin embargo, el lanzamiento del estacionamiento tarifado se vio marcado por problemas técnicos de la aplicación para teléfonos de Parxin, por medio de la cual los usuarios debían registrarse y realizar los pagos de las tarifas.
Esos problemas, entre los que se citaron fallas de geolocalización, de emisión de facturas y posibles riesgos a la seguridad de los datos de los usuarios, obligaron a la Municipalidad de Asunción a pausar el servicio de estacionamiento tarifado apenas una semana después de su entrada en vigencia, anunciando una suspensión “sine die” mientras persistan los problemas técnicos.
“¿Cuál es el miedo a rescindir?”
El diputado Mauricio Espínola (ANR) delineó algunas de las interrogantes a ser planteadas a Parxin y la Municipalidad sobre puntos como el grado de ejecución del proyecto y cuáles son las responsabilidades compartidas entre el consorcio y la Municipalidad.
“¿Se realizaron consultas populares? ¿Representa realmente un ordenamiento del tránsito o es para meter la mano en el bolsillo del ciudadano contribuyente? ¿Se realizó un estudio de impacto económico en las zonas afectadas?”, preguntó.
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El legislador señaló el hecho de que aproximadamente 500.000 vehículos ingresan a Asunción diariamente, pero solo unos 30.000 han sido inscritos en la aplicación de Parxin hasta el momento.
Preguntó también si los problemas que evidenció la aplicación de Parxin en torno a facturación constituirían causas suficientes para la rescisión del contrato con el consorcio, cuáles serían las consecuencias de esa rescisión y “cuál es el miedo a rescindir”.
“Estamos interesados en que el ciudadano tenga un servicio que realmente reordene el tránsito”, concluyó.
La senadora Kattya González (Partido Encuentro Nacional), por su parte, resaltó que la obligación de los funcionarios públicos como los legisladores y los representantes municipales es “defender los intereses de la ciudadanía”.
En ese sentido, dijo que “la Municipalidad no puede actuar como abogada de la empresa contratista”.