Maricarmen Sequera, directora de la organización Tecnología y Derechos Humanos (Tedic) habló sobre la denuncia al diputado cartista Rodrigo Gamarra por violencia contra la mujer y la decisión de la jueza de pedir desafuero parlamentario para dar inicio a la investigación del caso.
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Según refirió Sequera, es importante entender las discusiones que se están dando a nivel global, específicamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el discurso en los espacios políticos y la violencia política hacia las mujeres.
Manifestó que es importante el reconocimiento de que sí existe este tipo de violencia en el Congreso. Recordó que en el 2023, el diputado Yamil Esgaib había actuado violentamente contra periodistas y parlamentarias. Destacó además la decisión de la Cámara Baja en ese entonces de suspender al legislador por un mes sin goce de sueldo.
Destacó que, así como este caso, pueden darse diversas medidas a los hechos de violencia, no necesariamente punitivas, pero sí sanciones o sumarios con relación a ciertos análisis del discurso.
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Preocupación por la utilización tergiversada de Ley N° 5.777
“Estamos muy preocupados porque en todas las instancias se está utilizando la ley N° 5.777 de manera tergiversada”, refirió. Señaló que ve una desnaturalización de la ley integral y su aplicación en cualquier instancia.
Sobre la denuncia contra el diputado Gamarra, lamentó que la jueza simplemente se ampara en la inmunidad parlamentaria y confunde el proceso de una medida cautelar de protección con el proceso de investigación penal. “Por un lado hablamos de un resultado que deja indefensa a la senadora y a su funcionaria. La medida cautelar no es una investigación y sanción”, señaló.
Por otro lado, Sequera cree que es importante entender que la senadora Kattya González está expuesta a la crítica y su umbral de protección es más exigente.
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La representante de Tedic subrayó que están en contra de cualquier censura previa. “Hay que entender la diferencia que hay entre la senadora y la funcionaria. Soledad Blanco no es una persona pública”, refirió.
Manifestó que los estándares internacionales hablan de la responsabilidad del funcionario público que deben ser analizados sus abusos de libertad de expresión. “Tiene que ver con el uso responsable de la palabra. Una cosa es que levante información errónea y otra es hacerlo con malicia”, mencionó.
Refirió que la Corte Interamericana, en su jurisprudencia, condena los abusos de funcionarios públicos y establece el cuidado del discurso para este tipo de funcionarios.
En el caso de Soledad Blanco, la jueza debe analizar ya que las imágenes compartidas no tienen nada que ver con el interés público y debe haber una protección.
Según consta en la denuncia, el diputado Rodrigo Gamarra publicó dichos ofensivos sobre ella en sus redes sociales. La parlamentaria del Partido Encuentro Nacional pidió medidas de protección como el cese de hostigamientos y que se le restrinja a su colega la posibilidad de acercarse a ella.