El senador del Partido Encuentro Nacional (PEN), Ignacio Iramain, señala que en cuanto a la orden de alejamiento contra Chaqueñito y las garantías con las cuales debe contar la funcionaria agredida, en este caso la víctima, “entendemos que dicha medida no necesita un proceso de desafuero para aplicarla, puesto que, ningún habitante de nuestro país sea legislador, nacional o extranjero está por encima de la ley: nadie es nadie, por ende, ninguna persona posee fueros para cometer un hecho violento”, señala el legislador.
Manifiesta que se debe respetar la independencia de poderes y como consecuencia la orden judicial se debe cumplir. “Es inadmisible votar y someter a mayorías o minorías una orden judicial, pues sería un despropósito”, refiere el legislador.
Menciona, además que es importante comprender los antecedentes de este caso que implican dos conductas violatorias del reglamento interno de la Cámara de Senadores y del código de ética que exigen que el legislador mantenga una conducta respetuosa y un trato decoroso, más aún, con sus representados: “el pueblo paraguayo. 1) Discriminación 2) Abuso de poder. Ambas conductas quedaron impunes en la sesión del miércoles 5 de junio de 2024″, refiere el parlamentario en alusión a la falta de sanción por parte del Senado.
Advierte de peligrosa interpretación
Por su parte, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que la Ley 5777/2016 de protección integral a las a las mujeres contra todo tipo de violencia es una ley de carácter cautelar, qué significa que las mujeres que acuden al Juez de Paz, lo hacen a los efectos de que sean protegidas en su derecho cuando ellas se sientan violentadas.
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Indica que en la aplicación de la Ley 5777/16 entran todas las autoridades sean parlamentarios, ministros de Corte y miembros del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de la obligación.
“El artículo 191 de las inmunidades (de la Constitución Nacional) dice que ningún miembro puede ser acusado por las opiniones que emitan el ejercicio de sus funciones eso no significa que el senador o el diputado tiene que andar por la vida violentando a los funcionarios, entonces es una mala interpretación de la ley y yo diría hasta una peligrosa interpretación de la ley buscando beneficiar a senadores o diputados”, dijo la senadora opositora sobre el dictamen legal del Senado.