Uno de los proyectistas, diputado Hugo Meza (ANR, bancada B- oficialista), ya adelantó que desistieron de uno de los puntos más controversiales de la iniciativa: el cobro de un peaje a motociclistas en las rutas para obtener fondos.
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“Más que desistir, hemos dialogado con varios sectores, tras lo cual están surgiendo otras ideas de dónde sacar los fondos. La primera es un fondo solidario, que al momento de la gestión de la habilitación o registros, poder tener un canon especial para fondear esto”, señaló Meza.
Otras posibles fuentes de financiamiento serían las multas o reparaciones de daño que imponga la Fiscalía a personas que cometan delitos en el tránsito, que ahora van a parar más bien a donaciones con diversos fines.
También se propone rematar las motos “chatarra” que están abandonadas en corralones públicos, y finalmente, redireccionar el impuesto que se paga para el ensamblaje de motocicletas en el país y eventualmente las importadas.
Según Meza, con esto se pretende recaudar al menos G. 100.000 millones, los cuales plantean direccionar al Hospital de Trauma y a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).
La denominada “ley antipolladas”, según los proyectistas, es para evitar que las víctimas de accidentes de tránsito y sus familiares sigan recurriendo a actividades solidarias (como polladas) para financiar los tratamientos, que estiman tienen un costo promedio de G. 80 millones por caso. La mayoría, además de asistencia médica, requiere prótesis.