El senador Rafael Filizzola (PDP) señaló que con esta comisión bicameral se da un paso más dentro de una serie de medidas que atentan contra la democracia, la libertad de prensa y la libertad de expresión, que afecta en principio, según las declaraciones de los propios proponentes de esta comisión, al grupo de medios ABC pero que eventualmente se puede extender a otros medios de prensa que también tienen una línea, dijo.
“Es lamentable que se utilice una institución constitucional tan importante como es la Comisión Bicameral de Investigación para perseguir a la prensa crítica, para amedrentar a la prensa crítica”, expresó el legislador opositor.
Cuestionó también que de los seis miembros que tendrá la comisión bicameral (tres senadores y tres dipuados), la mayoría sea cartista y completada con eventualmente con tránsfugas o satélites. Agregó que con esa mayoría básicamente van a poder trabajar de manera poco transparente, con lo cual se presta a todo tipo de arbitrariedades.
Resaltó que las comisiones de investigación tienen amplias facultades, y el daño que se puede causar a la democracia y al Estado de Derecho, abusando de esas competencias, es sumamente grave para la democracia, en este caso contra la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Lea más: Comisión “garrote” contra ABC tendrá mayoría de senadores colorados, adelanta “Bachi” Núñez
Filizzola duda que la comisión se oriente a investigar al Banco Atlas porque según comentó, el secreto bancario limita sustancialmente la posibilidad de que una comisión de investigación pueda acceder a información sobre entes financieros. “Ellos controlan el Banco Central del Paraguay, la Seprelad, la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios)... tienen todo el aparato del Estado, así que no necesitan una comisión de investigación para acceder a información del Banco Atlas. Para mí claramente el tema del lavado es la excusa para perseguir a un medio de prensa en este caso ABC”, añadió.
Manifestó que la creación de la Comisión Conjunta para investigar casos de lavado de dinero, contrabando, robos contra el Estado y delitos conexos se suman a una serie de medidas legislativas que reafirman claramente la deriva autoritaria del Gobierno de Santiago Peña.
Lamentó que el Congreso haya aprobado de una forma absolutamente irregular y contraria a los principios más básicos del debido proceso la pérdida de investidura de la senadora Kattya González (PEN), media sanción a ley contra Ong, etc.