Santiago Peña cumplió ayer un año de gobierno, y en el ámbito de la política exterior, casi lleva a un conflicto diplomático que causó roces. Fue el intento de derogación de la donación de 38 millones de euros de la Unión Europea (UE) para la educación en nuestro país.
Se trató del proyecto de ley “que deroga la vigencia de la Ley Nº 6659/2020″, que fue blanco de una gran controversia en las pasadas elecciones del 2023, algo que fue azuzado por grupos “provida y profamilia” y aprovechado electoralmente por el cartismo.
El polémico proyecto incluso fue aprobado a mediados del año pasado por una mayoría de diputados que ratificó derogar la donación de 38 millones de euros de la UE destinados para la merienda escolar y otros. El Senado también tuvo la intención, pero terminó reculando. A inicios de noviembre del 2023, los senadores cartistas y aliados consumaron la reculada del gobierno de Santiago Peña en su intento de derogar el convenio de la UE y el Paraguay para el Programa de Apoyo a la Educación.
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Los congresistas cartistas y aliados por poco derogaron un acuerdo internacional que iba a dañar la relación con los 27 países europeos que integran la UE.
Tensiona relación con Unión Europea por “desinformación de forma interesada”
La derogación unilateral de un Convenio de Financiación constituiría un incumplimiento de un compromiso internacional. Asimismo, repercutiría en las relaciones entre la Unión Europea y Paraguay y afectaría a desembolsos acordados y a futuros proyectos de cooperación”, indicó en su momento, la UE a través de un comunicado tras la decisión de los diputados.
En ese entonces, el embajador de la UE en Paraguay, Javier García de Viedma (español), lamentó las consecuencias que podía generar el proyecto de ley de derogación. Dijo que en el debate “ha habido desinformación de forma interesada”, además de “ignorancia y confusión”.
También defendió ONG
Por otra parte, el embajador de la UE, Javier García de Viedma, advirtió que las dictaduras y regímenes atacan las organizaciones no gubernamentales (ONG). Actualmente, el cuestionado proyecto cartista de control de los recursos a las ONG tiene media sanción del Senado y está en estudio en Cámara de Diputados. Es calificado de garrote a la sociedad civil.