Como segundo punto del orden del día de la Cámara de Diputados se incluyó el proyecto de ley “que modifica los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 5508, de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna”.
Si bien existe una ley específica para las madres que son autoridades electas, da un plazo menor de permiso de maternidad que el resto de las madres que trabajan en el sector público y privado.
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Para las trabajadoras, la ley establece un plazo de 18 semanas permiso, mientras que para las autoridades electas, como es el caso actual de la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), se les concede apenas 12 semanas. Con este proyecto, además de unificar las leyes, también plantea que todas por igual gocen de 18 semanas para poder criar a sus hijos y cumplir con mayor tranquilidad con cuestiones fundamentales para el crecimiento del bebé, como es dar de mamar y otras responsabilidades afines.
Proyecto de ley contra el criadazgo en Paraguay
Por otra parte, en el punto 9º se volvió a incluir el proyecto de ley “que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo”, una iniciativa que busca adecuar nuestra legislación a compromisos internacionales asumidos por nuestro país para esta práctica que está normalizada en Paraguay, y que consiste en ceder la tutela de hijos/as menores de edad para que sean “criados” en otros hogares, pero siendo sometida a regímenes de explotación laboral infantil incluso.
En octubre pasado, el comisionado del Comité de los Derechos de Niñez de las Naciones Unidas, Luis Pedernera, durante su visita a la Cámara de Diputados, recordó que la aprobación de esta ley es uno de los compromisos firmados por nuestro país que esperan se concrete.
Pedernera mencionó que para países más desarrollados, la problemática incluso era difícil de entender, ya que no comprendía el arraigo de esta práctica en la costumbre, pese a que se asemeja a un régimen de cuasi-esclavitud moderna, que afecta al desarrollo de niños y adolescentes, ya que por lo general son sometidos a la obligación del trabajo, renunciando a los derechos fundamentales de la educación, al ocio y esparcimiento, a la dignidad, entre otros.