El presidente Santiago Peña promulgó el martes último la Ley que establece el Régimen Nacional de Integridad Pública, Transparencia y Prevención de la Corrupción, que pretende establecer una lucha contra la corrupción. Sin embargo, para el senador Rafael Filizzola (PDP), la ley no resuelve el conflicto entre la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas que constituye el principal menoscabo a las competencias del órgano contralor.
“El problema real de la Contraloría, que le impide hacer su trabajo, es esta tensión que existe con el Tribunal de Cuentas, ya que la mayoría de los sujetos obligados a rendir cuentas constitucionalmente ante la Contraloría ‘le puentean’ por medio del Tribunal de Cuentas, presentan una acción de inconstitucionalidad y, de esa manera, se sustraen de la jurisdicción de la Contraloría y terminan llevando todos los documentos al Tribunal, con lo cual la Contraloría no puede hacer su trabajo”, dijo el legislador.
Filizzola afirmó que le extraña muchísimo que el contralor General de la República, Camilo Benítez, no haya defendido la institución que él representa y con esta ley, además se crea una “situación rara” porque la Contraloría es un órgano autónomo y extrapoder.
“Ahora la Contraloría entra con los poderes del Estado a formar una especie de consejo para cuestiones de prevención, donde en realidad ese consejo va a estar coordinado por el contralor y el representante del Ejecutivo, entonces al problema anterior que había es que los administradores puentean a la Contraloría. Ahora, se suma una cuestión más, que va a tener que compartir una suerte de representación con el Ejecutivo. A un menoscabo le sumaron otro menoscabo en sus funciones”, manifestó Filizzola.
Lea más: Nenecho recurrió a Tribunal de Cuentas para “anular” informe de la Contraloría
El Ejecutivo vetó la ley de conflictos de intereses sancionada por la legislatura anterior y con el periodo parlamentario actual y el gobierno de Santiago Peña, se presentaron modificaciones a la ley que terminó mutilando la norma, con la promesa de presentar esta ley de integridad, que finalmente no se ocupa del puenteo del control a la CGR por parte del Tribunal de Cuentas.
Según el senador Filizzola, en el artículo 11, se crea el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en el que existe un claro desequilibrio entre los poderes del Estado, dando preeminencia en forma inconstitucional al Ejecutivo.
Insistió en que la ley recientemente promulgada fue redactada deficientemente, porque no resuelve el principal problema institucional de la CRG, además de generar otros nuevos, por lo que no contribuye en nada a mejorar la lucha contra la corrupción en Paraguay.