La reglamentación, firmada por el Presidente Santiago Peña (ANR-HC), fue solicitada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), institución encargada de la ejecución de la pensión para adultos mayores, cuyo titular es Tadeo Rojas.
Esta nueva legislación establece los destinatarios finales del beneficio que son; “todo paraguayo natural o naturalizado mayor de 65 años de edad, los paraguayos naturalizados deberán tener residencia permanente de al menos 5 años; los extranjeros con por lo menos 30 años de residencia permanente en el país”.
También con la universalización del beneficio se incluye a los indígenas a partir de los 55 años de edad, para lo cual las comunidades indígenas deberán estar registradas en el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI); además, se incluye a las personas con discapacidad severa a partir de los 60 años de edad, para lo cual deberán contar con la certificación de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS)”.
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Tadeo Rojas será coordinador del beneficio
En la reglamentación se establece que el Ministerio de Desarrollo Social, será la institución encargada de diseñar el programa, establecer mecanismos, coordinar con las instituciones, establecer acuerdos de cooperación y, reglamentar el mecanismo de monitoreo y evaluación.
La incorporación de los beneficiarios se dará cuando la persona cumpla los 65 años en la Ley será de forma automática en un listado de potenciales destinatarios, sin embargo, esto no implicará el pago automático de la pensión universal, debido a que, una vez más, el adulto estará sujeto a la disponibilidad de los recursos económicos.
Para elaborar la lista de beneficiarios, el Ministerio de Desarrollo Social contará con un plazo de 60 días para realizar las verificaciones de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, menciona el decreto reglamentario de Santiago Peña.
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Para el financiamiento del programa de adultos mayores, el Ministerio de Desarrollo Social contará con las partidas presupuestarias en su presupuesto anual, con recursos financieros que tendrán origen en ingresos genuinos del Ministerio de Economía y Finanzas.
La universalización entró en vigencia desde este año. Sin embargo, tropezó con la falta de coordinación y depuración del listado de beneficiarios, pues se encontraron más de 1.000 muertos en la lista que emitió el Ministerio de Desarrollo Social.