En el llamado “quincho de la Avda. España” como se conoce la residencia del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, se realizó este mediodía una reunión con algunos de los miembros del “Comando Político de Honor Colorado”, entre los que destacan el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, y el titular de la Cámara de Diputados, el también cartista Raúl Latorre.
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“El partido es un instrumento de servicio a la patria. Compartimos un encuentro con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes”, escribió en su cuenta en X el diputado Latorre, acompañando con una foto del encuentro, donde además de los ya citados aparecen el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, y el senador cartista Antonio “Tony” Barrios.
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El encuentro se da en paralelo a la reunión de la bancada cartista de Honor Colorado en Diputados y en víspera al eventual tratamiento de la integración de las comisiones especiales para avanzar con los pedidos de intervención a las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción.
Si bien el punto no está en el orden del día, se menciona extraoficialmente que se pediría tratar mañana en la sesión ordinaria sobre tablas, a fin de acelerar el trámite, puesto que podrían definirlo ahí mismo, o delegarían a Latorre, para que a sugerencia de los líderes de bancada, se designen a los miembros de las respectivas comisiones en el transcurso de la semana.
Si bien el apoyo al pedido de intervención contra Prieto está cantado, la incógnita respecto al cartismo se mantiene sobre si usan como “moneda de cambio” a “Nenecho”, para que esto no quede como lo que la oposición denuncia un ataque directo al intendente opositor Miguel Prieto y de paso, que la ANR recupere el control de la Municipalidad de Ciudad del Este.
El Partido Colorado institucionalmente no ha tomado aún postura o al menos públicamente no lo expresaron sobre las intervenciones, a diferencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que no solo se pronunció en respaldo a Prieto, sino también sugirió a sus legisladores a impulsar un pedido de juicio político contra el contralor general de la República, Camilo Benítez (ANR).
Esto debido a que el contralor, en una medida inédita en su gestión, solicitó al Poder Ejecutivo la intervención de los dos municipios. Habitualmente las juntas municipales de la administraciones comunales piden la intervención pero en este caso la Contraloría realizó el requerimiento.