La comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Senadores resolvió postergar 15 días los proyectos de ley que proponen modificaciones electorales, hasta tener por escrito el borrador de los artículos objetados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
En contrapartida, senadores de la oposición Eduardo Nakayama (ExPLRA) y Celeste Amarilla (PLRA) cuestionaron la intención de ambas normativas, aún pendientes de tratamiento en la Cámara Alta, al afirmar que limitan la participación electoral.
El 13 de mayo pasado, senadores, diputados y presidentes de partidos de la oposición crítica al Gobierno de Santiago Peña denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Embajada de la Unión Europea (UE), la Embajada de los Estados Unidos de América y ante el cuerpo diplomático acreditado en el Paraguay el sistemático deterioro de la democracia en el Paraguay mediante cambios en las reglas electorales.
Durante la reunión de la comisión de Legislación, el senador Nakayama afirmó que ambos proyectos de ley vienen a modificar el sistema electoral colocando más trabas a la participación. Solicitó a sus colegas que eviten repetir los errores cometidos por países como Venezuela y Nicaragua, al advertir que estas “son medidas antidemocráticas”.
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Con respecto al proyecto de ley que otorga al TSJE la facultad de hacer un corte técnico-administrativo al periodo ordinario de inscripciones, para que los electores formen parte del Registro Cívico Permanente (RCP), Nakayama sostuvo que se otorga una facultad amplia y discrecional al órgano electoral.
“La posible expulsión de electores por motivos administrativos podría vulnerar derechos consagrados en artículos del Código Electoral”, afirmó el parlamentario.
Sobre el proyecto de ley que modifica el financiamiento político, tanto Nakayama como Amarilla afirmaron que va en contra de la autonomía de los partidos políticos.
Indicaron que, de aprobarse, el proceso de rendición de cuentas se tornaría más engorroso. “Aquí se busca eliminar el pluralismo y evitar la participación. Todo esto complica la inscripción de movimientos políticos y su participación en las elecciones”, indicó el senador opositor.
Nakayama también advirtió a los colorados que si, ellos hoy dan el poder absoluto a quienes hoy la detentan, podrían verse afectados en el futuro si hoy cambian de sector -ya que esta herramienta legal que calificó como “un arma de extorsión adicional”- podría usarse en su contra. Tildó el proyecto de ser “antidemocrático y antiparticipativo”.
La normativa también equipara los requisitos tributarios para el reconocimiento legal de partidos y movimientos, manteniendo la obligatoriedad de apertura de cuentas bancarias y su habilitación. También impone como condición que estas cuentas estén operativas una vez se cumplan los requisitos establecidos.
“Hay que apretar a la Superintendencia y a bancos”, dice Nakayama
El director Financiero del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, explicó que el problema no es tan sencillo. Indicó que los bancos le habilitan una cuenta a los movimientos para cumplir con la ley, pero no les permiten operarlas, debido a que consideran riesgoso el origen de los fondos.
“Hay una colisión entre las leyes del sector financiero y las del financiamiento político. Tampoco (los bancos) quieren arriesgarse a abrir totalmente el sistema financiero a fondos cuyo origen, muchas veces, es difícil de determinar”, comentó el funcionario electoral.
“Eso no se debe legislar en una ley electoral. Se debe presionar a la Superintendencia de Bancos, al Banco Central y a las entidades bancarias para que permitan la operatividad. Incluir esto en una ley electoral sí limita la participación. ¿Cómo es posible que habiliten una cuenta pero no permitan operarla?”, se preguntó el legislador.