El abogado Miguel Godoy, en representación de la ciudadana Blanca Franco, presentó una nueva denuncia contra el actual ministro de Agricultura Carlos Giménez (ANR-HC) por supuestos indicios de corrupción cuando estaba al frente de la Gobernación de San Pedro (2018-2023).
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Según la denuncia, durante su administración como gobernador se formó un esquema para malversar fondos de la pandemia, causando un daño patrimonial de G. 6.000 millones a la Gobernación de San Pedro.
El abogado Miguel Godoy describe en su escrito los hechos de lesión de confianza y asociación criminal y también cita a varios funcionarios de la Gobernación de San Pedro. Se nombra a Julia Mendoza Ocampos, Fernando Silveiro, Laura Grau Díaz de Bedoya, Evelio Villasanti y Charlis León.
El esquema
Según el relato de Blanca Franco, entre el 2020 y el 2021, los denunciados planearon un esquema para desviar los fondos de pandemia a otros fines.
Agrega que la mitad de las organizaciones sin fines de lucro que recibían millones eran integradas por funcionarios a cargo de Giménez”.
La denuncia describe un esquema similar utilizado por Hugo Javier González, ex gobernador de Central, condenado a diez años de cárcel por corrupción, pero recientemente liberado.
Señala que la Gobernación de San Pedro destinó G. 11.837 millones a 19 organizaciones sociales para supuestas obras que nunca se ejecutaron y otras fueron sobrefacturadas. En la denuncia, se alega que alrededor de los G. 6.000 millones, se habría desviado.
El supuesto dinero malversado fue de los fondos públicos provenientes de la Ley 6641 “De Apoyo Financiero a los Gobiernos Departamentales para la reactivación económica”, durante la pandemia a causa del Covid-19.
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Según se describe en la denuncia, las asociaciones integradas por los funcionarios departamentales tenían personería jurídica. Eran agrupaciones de pequeños productores, asociaciones de Salud, de Desarrollo Social, que en la mayoría de los casos eran siempre los mismos funcionarios los que recibían ese dinero en carácter de presidentes, secretarios, contadores o tesoreros.
Algunos de los funcionarios departamentales incluso figuraban en varias de las asociaciones a la vez y no solo en una.
La repartija
En la denuncia, se describe la cantidad que supuestamente recibió Julia Mendoza Ocampos, Fernando Parini, Laura Grau Díaz de Bedoya, Evelio Villasanti y Charlis León.
Por ejemplo, Charlis León, quien trabajaba en prensa, presuntamente recibió G. 1.124 millones para su Asociación de Apoyo a Productores del Departamento de San Pedro.
Julia Mendoza Ocampos, funcionaria del Departamento de Acción Social de la Gobernación y a la mismo tiempo fungía de presidenta de la Asociación Departamental de Desarrollo Social de San Pedro del Ycuamandyjú, donde recibió G. 3.339 millones.
Fernando Parini, contador en la Gobernación, también fue contador en la Comisión de Vendedores Unidos, donde se desembolsó G. 185 millones.
En tanto que Laura Grau, encargada de Gabinete de Carlos Giménez, era secretaria de la Asociación de Apoyo a Productores Agropecuarios, donde recibió G. 1.124 millones.
En el escrito, se pidió al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón que sean sean fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos los que lleven adelante la causa.
Esto, teniendo en cuenta que el caso ya habría sido denunciado en San Pedro de Ycuamandyyú ante el fiscal Juan Olmedo Centurión a principios del 2024, pero la causa quedó estancada.