Como 2º punto del orden del día de la sesión ordinaria del próximo martes 29 de julio figura de Diputados se incluyó para su tratamiento los pedidos de acuerdo constitucional para la intervención de la gestión del intendente cartista de Ñemby (Central), Tomás Olmedo y del intendente también colorado de Ybyrarobaná (Canindeyú), César Darío Machuca, que estaban siendo cajoneados desde octubre del año pasado.
En el caso de Olmedo, es el segundo pedido a de intervención, ya que en junio de 2023 había sido salvado de un primer pedido como parte de un pacto azulgrana.
Olmedo, además del rechazo a las rendiciones de su gestión, así como sendas denuncias penales, pero sigue siendo protegido por el cartismo, que tras amagar tratar su caso en junio, volvieron a congelarlo.
En el caso de Ybyrarobaná, una mayoría en la Junta Municipal denunció al intendente por “mal desempeño de sus funciones del intendente y graves indicios de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo”.
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Los concejales acusaron que Machuca “no cuenta con la documentación respaldatoria para justificar las erogaciones y desembolsos realizados (en su balance del 2023), así mismo se han recibido obras inconclusas, figurando en los papeles como terminadas y aceptadas por la administración municipal, ocasionando no solo un perjuicio al municipio, sino también incurriendo en Hecho Punible de Lesión de Confianza, lo cual fue denunciando ante el Ministerio Público, en fecha 28 de julio de 2023”.
Tanto liberales como colorados cartistas contemplaron rechazar, alegando poco tiempo de mandato para los que sean electos, ya que las internas serán en el 7 de junio de 2026 y las Elecciones Municipales el 4 de octubre de 2026.
“Como bien lo establece la constitución y la ley, por más que falte seis meses si hay destitución, tiene que haber una elección. Los plazos, de que dan, dan, solamente que es muy corto los plazos que van a estar los electos para completar el periodo, que a esta altura serían solo de 6 meses”, dijo el vicepresidente 2º de la Cámara Baja, Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A).
El diputado cartista Miguel del Puerto secundó diciendo que sería un gasto extra para la Justicia Electoral y que “todavía no sabemos cómo va a finalizar las intervenciones en dos ciudades más que importantes (Ciudad del Este y Asunción) y someter a más distritos al mismo mecanismo, yo creo que no corresponde”.