Los denunciantes integran el grupo de manifestantes cuyos miembros, días atrás, fueron esposados y detenidos por la Policía Nacional por colocar carteles durante una movilización frente a la Defensoría del Pueblo. Luego fueron liberados al no existir hecho punible y dijeron que dicha detención fue orquestada por el defensor del pueblo para amedrentarlos.
Remitieron notas al presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), y al titular de la Cámara de Diputados Raúl Latorre (ANR, HC) así como a los presidentes de las respectivas comisiones de Derechos Humanos en el Congreso.
Exigen que el alto funcionario emita las resoluciones necesarias para que puedan cobrar sus indemnizaciones. Denuncian que además que el defensor no les recibe y que deja que las resoluciones por las que deben cobrar su indemnización como víctimas de la dictadura caduquen.
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Exigieron que en caso de que siga ignorándolos, presente su renuncia o que el Congreso lo destituya. También lo acusaron de defender a corruptos y mafiosos.
Los miembros de las organizaciones que visitaron la redacción de ABC Color para expresar su repudio son Cecilio Hayba, Vicenta Sánchez, Arnaldo Valdez Nunila Villalba y Sixto Godoy. Varios de ellos ya cobraron sus indemnizaciones y ayudan a otros a gestionarlas, indicaron.
No se dejen engañar, responde la Defensoría
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en sus redes sociales emitió un comunicado tras la referida movilización del 31 de julio. Desde el ente señalan que desde septiembre de 2022, se han procesado más de 10.000 expedientes, muchos de ellos paralizados desde hace años. “Cada caso es revisado cuidadosamente, de forma gratuita, transparente y sin necesidad de gestores ni abogados”, se menciona.
“Exhortamos a las personas a no dejarse engañar por pedidos de dinero con la promesa de acelerar trámites. Instamos a denunciar ante la Defensoría a los que incurran en el pedido irregular”, indica el ente.
“Recordamos que todo trámite ante la Defensoría es absolutamente gratuito. No se necesita intermediarios”, señalan.
“Nuestro objetivo es claro: ordenar, acelerar y garantizar un proceso digno para quienes fueron víctimas del autoritarismo y evitar la revictimización”, indicaron.