Un Juzgado Penal de Sentencia, a través de la Sentencia Definitiva N° 254 del 5 de diciembre, resolvió rechazar la Acción de Amparo Constitucional promovida por Hugo Javier Portillo Sosa. El amparo, que tuvo como contraparte al Ministerio de Defensa Nacional y al Gabinete Civil de la Presidencia de la República, tenía como objetivo obtener acceso a información pública. Entre los datos solicitados figuraban las planillas completas de ingreso y egreso de visitantes a Mburuvichá Róga.
Se solicitaron datos de identificación, el motivo y la duración de las visitas, además de la documentación sobre protocolos de seguridad y los resultados de pruebas de polígrafo realizadas al personal de la presidencia.
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La defensa del Estado ya había rechazado previamente esta solicitud de información, argumentando que la misma se encontraba clasificada como reservada.
Información está protegida, dice el Juzgado
El Juzgado concluyó que la información requerida está protegida bajo el régimen de seguridad e inteligencia, y que su divulgación podría comprometer la seguridad integral del Presidente de la República, su entorno y sus custodios.
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En su análisis, el tribunal sostuvo que Mburuvichá Róga, si bien es la sede del Poder Ejecutivo, constituye principalmente un inmueble de uso habitacional donde reside el Presidente y su núcleo familiar. Por ello, se considera un espacio estrictamente privado en el ámbito de vigilancia pública.
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La resolución judicial enfatizó que el registro de las visitas domiciliarias del Presidente, así como los protocolos de seguridad y los resultados de polígrafos del personal, son datos que atañen a la vida privada e intimidad del mandatario y su familia. Por lo tanto, tales informaciones deben considerarse reservadas, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública.
Además, la Justicia determinó la improcedencia del amparo, señalando que la acción no cumplía con los requisitos de urgencia y gravedad.
Visitas a Mburuvicha Róga
El escándalo de hallazgo de sobres presuntamente con miles de dólares, nunca denunciado oficialmente, en Mburuvicha Róga dejó en evidencia llamativas visitas en horarios poco usuales y sin registros en la agenda oficial del presidente Santiago Peña.
Una de ellas es Miguel Cardona, principal accionista de la empresa con el mayor contrato público del programa Hambre Cero.
También aparece Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez, cuyo banco y otras empresas se beneficiaron con billones de fondos públicos en los dos años de este gobierno. Además, Peña tenía acciones en Ueno Holding, una de las empresas del grupo Vázquez, incluso después de asumir como Presidente de la República.
Asimismo, figuran el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, y el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón.