El 30 de diciembre del año pasado, el presidente Peña promulgó la Ley Nº 7614 “que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes”, con la que se pretenden frenar los juicios irregulares vinculados a la “mafia de los pagarés”.
Pedro Coronel, vocero del grupo de “víctimas de la mafia de los pagarés”, considera que es importante, pero aún así insistirán con el juicio político contra todos los ministros de Corte Suprema de Justicia por “complicidad”.
La denominada “mafia de los pagarés” es un esquema delictivo integrado por casas de venta y de crédito, abogados particulares, casas de cobro, con la complicidad de jueces de paz, secretarios y ujieres.
Se estima que hay unas 17.000 víctimas, quienes sufrían descuentos compulsivos por orden judicial por supuestas deudas, pese a que varias de estas personas ya habían cancelado su compromiso. Algunos hasta pagaron cuatro veces la misma deuda ante la mirada cómplice de la Justicia.
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“Estamos expectantes y creemos nosotros que con la lucha únicamente vamos a poder ir avanzando por esta situación y seguir fortaleciendo la organización de modo a avanzar también en la elaboración, sanción y promulgación de otras leyes que también nos puedan proteger”, dijo Coronel.
Acotó que estas medidas legislativas no diluyen su pedido de juicio político contra los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por presunto “mal desempeño de funciones”.
“Nosotros no nos retiramos de esa tesitura, de ese pedido (de juicio político), porque acá ha habido total inacción –como mínimo– o complicidad de la Corte Suprema de Justicia y eso con esta ley no se borra”, remarcó Coronel.
Ante esto, dijo que “nosotros (las víctimas) vamos a seguir con nuestra lucha y vamos a ir viendo acciones que puedan exigir a los parlamentarios a estudiar este caso (de juicio político)”.
Es muy difícil que corra un pedido de juicio político contra todos los ministros de la Corte, teniendo en cuenta la reunión secreta que mantuvieron seis de los nueve con el presidente Peña en Mburuvicha Róga.
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Ley prevé nulidad
La ley promulgada establece que podrán declararse nulos los juicios con presuntos vicios registrados ante la Comisión Especial del Senado contra la “mafia de los pagarés” y “las causas cuyos expedientes no se encuentren físicamente localizados en la secretaría judicial competente”.
Agrega que podrá declararse la nulidad en “caso de verificarse graves irregularidades y, en especial, aquellas que impliquen la violación de los procedimientos de un juicio regulatorio”, mediante un juez.
La ley también ordena, en caso de nulidad, levantar medidas cautelares (órdenes de cobro o embargo) y la devolución de dinero a las víctimas de este esquema que sigue impune.