Trece son los acusados que se turnan para presentar diferentes trabas al proceso y con eso evitan que la causa por lesión de confianza y administración en provecho propio por una supuesta “tragada” de G. 1.100 millones de la Municipalidad de Quyquyhó durante la gestión de Esteban Samaniego (ANR-HC) sea elevada a juicio oral.
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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción el 9 de diciembre del año pasado declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por las defensas de los funcionarios municipales; Andrés Alfredo Arrúa Brítez, Manuel Olazar, Carlos Bareiro Bogarín, Ruth Medina y por la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC)
Al destrabarse la causa, el juez Humberto Otazú tenía vía libre para convocar a audiencia y analizar si eleva o no la causa a juicio oral, sin embargo, todos los acusados citados de forma individual interpusieron ahora una acción de inconstitucionalidad para seguir dilatando el proceso.
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Un año evitando juicio
Patricia Corvalán, además de la madre del parlamentario cartista, Blanca Álvarez y otras once personas fueron acusadas en diciembre del 2024 por el fiscal anticorrupción Silvio Corveta. El agente fiscal a cargo de la causa en la actualidad es Luis Piñanez.
Desde entonces, estas personas lograron dilatar el proceso para evitar subir al banquillo de los acusados y en diciembre pasado celebraron su primer año de impunidad.
Mientras tanto,el proceso está paralizado para Esteban Samaniego, pues sus colegas siguen sin dar tratamiento a los cuatro pedidos de desafuero y dos urgimientos que están desde el 2019 en la Cámara Baja.