Trece son los acusados que se turnan para presentar diferentes trabas al proceso y con eso evitan que la causa por lesión de confianza y administración en provecho propio por una supuesta “tragada” de G. 1.100 millones de la Municipalidad de Quyquyhó durante la gestión de Esteban Samaniego (ANR-HC) sea elevada a juicio oral.
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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción el 9 de diciembre del año pasado declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por las defensas de los funcionarios municipales; Andrés Alfredo Arrúa Brítez, Manuel Olazar, Carlos Bareiro Bogarín, Ruth Medina y por la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC)
Al destrabarse la causa, el juez Humberto Otazú tenía vía libre para convocar a audiencia y analizar si eleva o no la causa a juicio oral, sin embargo, todos los acusados citados de forma individual interpusieron ahora una acción de inconstitucionalidad para seguir dilatando el proceso.
Un año evitando juicio
Patricia Corvalán, además de la madre del parlamentario cartista, Blanca Álvarez y otras once personas fueron acusadas en diciembre del 2024 por el fiscal anticorrupción Silvio Corveta. El agente fiscal a cargo de la causa en la actualidad es Luis Piñanez.
Desde entonces, estas personas lograron dilatar el proceso para evitar subir al banquillo de los acusados y en diciembre pasado celebraron su primer año de impunidad.
Mientras tanto,el proceso está paralizado para Esteban Samaniego, pues sus colegas siguen sin dar tratamiento a los cuatro pedidos de desafuero y dos urgimientos que están desde el 2019 en la Cámara Baja.