En referencia a los ministros Víctor Ríos y Gustavo Santander, de la Corte, y a César Rossel y Jorge Bogarín, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Paredes afirmó que el mecanismo de inamovilidad está siendo utilizado para “atornillarse a los cargos”.
“Ningún Estado de derecho se puede sostener sobre la base de reconfirmar actores políticos judiciales hasta los 75 años declarándose inamovibles. Aparte de que ellos mismos se autodeclaran, ni siquiera pasan un examen mínimamente razonable de conocimiento y de ética”, sostuvo.
Según la senadora, la figura de la inamovilidad no fue concebida por los constitucionalistas como un blindaje permanente cuando hicieron la reforma de la Constitución.
Críticas al TSJE: “Trabajo asegurado por 25 años más”
Paredes puso especial énfasis en el caso de César Rossel (PLRA), señalando que, con 45 años de edad, la declaración de inamovilidad implica un cargo asegurado por 30 años más.
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“¿Quién le para? ¿Quién para los abusos cometidos por estos personajes en el marco de la labor que cumplen dentro de estos tribunales?”, cuestionó.
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Para la legisladora, la falta de controles efectivos convierte a estos altos funcionarios en “imparables e incontrolables”, especialmente cuando -según afirmó- responden a intereses sectarios respaldados por los principales partidos políticos.
“Cambian los colores, pero no las mañas”
En su declaración, Paredes también apuntó a lo que considera pactos políticos detrás de estas designaciones. Recordó que Rossel habría ingresado mediante acuerdos partidarios y que Víctor Ríos, a quien calificó como “la gran promesa del cambio”, terminó siendo “uno más de lo mismo”.
“De eso es lo que la gente está cansada. Cambian los colores, pero no las mañas”, expresó.
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La senadora sostuvo que nueve ministros de la Corte y tres del TSJE -12 en total- cuentan con inamovilidad hasta los 75 años, lo que los convierte, a su criterio, en “ultraprivilegiados” dentro del sistema público paraguayo.
“Una vergüenza para Paraguay”
Paredes vinculó la situación con el problema estructural de la impunidad en el país. “Sabemos que la impunidad es el mal mayor que hoy en Paraguay atraviesa. Y en el marco de ese mar de impunidades tenemos confirmaciones de inamovilidad que nos condicionan absolutamente con la realidad de la justicia”, afirmó.
La legisladora fue tajante al señalar que Paraguay no merece una justicia que, según su visión, responde a sectores de poder antes que a los intereses nacionales.
“Estamos hablando de magistrados que lo único que hacen es mirar intereses sectarios y responder a un sector de la población en detrimento de los grandes intereses nacionales. Una vergüenza, una tristeza”, concluyó.