La diputada Rocío Vallejo (PPQ) dijo al pleno que no tienen la facultad constitucional para hacer el pedido. “Desconozco en qué contexto se da. Nosotros debemos respetar la disposición constitucional. Particularmente, me opongo por estas razones constitucionales”, dijo.
El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) respaldó la posición de su colega y dijo que los expedientes se encuentran en trámite. “En particular, preocupa a esta Comisión el impacto
que dichas medidas cautelares podrían estar generando en la liberación de productos sujetos a decomisos, denuncias o intervenciones administrativas, con eventuales riesgos para la salud pública y la integridad del sistema de control sanitario del país”, señaló Samaniego en la exposición de motivos.
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En el pedido de informes solicitaban copia de todas las medidas cautelares otorgadas por la Sala Constitucional a favor de empresas importadoras con denuncias, decomisos o intervenciones en el marco de la Ley N° 6.788/21 y su Decreto Reglamentario N° 9.485/23, indicando para cada caso:
1. Fecha de expedición.
2. Razón social.
3. Propietario, representante legal o persona jurídica recurrente.
4. Rubro de la empresa.
5. Descripción de las mercaderías sujetas a decomiso, denuncia o intervención.
6. Monto o valor de las mercaderías afectadas.
7. Documentos aduaneros y facturas respaldatorias.
8. Declaración de origen y certificaciones de calidad.
9. Mecanismos de comprobación del “daño inminente” alegado.
10. Informes o registros de calidad del producto.
11. Informes o registros de almacenamiento en depósitos.
12. Verificación del cumplimiento de normas internacionales de etiquetado y control.
13. Fundamentos resumidos del fallo en cada caso.
14. Vigencia de la medida cautelar.
15. Casos en que la medida fue levantada, con expresión de motivos.
16. Identificación de la Sala Constitucional interviniente y sentido del voto de los Ministros.
17. Notificaciones emitidas a DINAVISA, DNIT, Procuraduría General de la República o denunciantes.