El documento, con fecha 2 de agosto de 2024, arranca con lo dispuesto por el Consejo de Administración, presidido por Jorge Brítez, en la Resolución CA N° 054-034/2024 mediante la cual se aprobó el cobro de G. 7.500 millones al Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira, en el marco de un “acuerdo extrajudicial” por una deuda de G. 10.781 millones con la previsional. Es decir, hubo una quita de G. 3.281 millones.
En la nota interna, la coordinadora de la Dirección Jurídica, María Graciela Cabral, confirmaba el depósito de los G. 7.500 millones e invocaba el numeral 6 de la resolución para autorizar el pago del 5% más IVA en concepto de honorarios para los abogados. El monto en cuestión ascendía a G. 412.500.000.
Lo más llamativo del documento aparece a renglón seguido. Cabral –señalada como una de las funcionarias leales a González Maldonado que aún permanece en su cargo al igual que Jorgelina Gómez de la Fuente (jefa de Dictámenes y Contratos)– ordenó de forma taxativa: “...en lo que respecta a los honorarios profesionales, corresponde que dicho monto sea depositado a la cuenta del director jurídico, o en su defecto en efectivo”.
Acto seguido, la nota detallaba los datos de la cuenta bancaria personal del entonces alto jefe jurídico del IPS. Asimismo, se dejó constancia de que la factura por dichos honorarios sería emitida a nombre del Consorcio Hotelero.
Sospechosa triangulación
ABC accedió al comprobante de transferencia que confirma la ruta del dinero. El 2 de agosto de 2024, a las 12:19, el consorcio transfirió un total de G. 7.912.500.000 a la cuenta del IPS.
El diputado colorado Mauricio Espínola, por su parte, hizo públicos ayer otros dos comprobantes que muestran la secuencia que se habría tenido: primero, el ingreso del dinero del consorcio a la cuenta del IPS y, casi en simultáneo, hubo un débito de G. 412.500.000.
La nota interna no solo lleva la firma de Cabral. También cuenta con el visto bueno de la gerente financiera y administrativa, Gladys Vera, quien autorizó la prosecución del trámite.
ABC intentó obtener la versión de Gladys Vera. En un breve contacto al mediodía se limitó a responder: “Me están trayendo todas las documentaciones que respaldan el pago (...), en breve publicamos una aclaración y después con mucho gusto aclaro lo que sea necesario”. Sin embargo, tras esperar durante toda la tarde, la prometida aclaración nunca llegó y la funcionaria ya no respondió a los mensajes enviados alrededor de las 17:38 de ayer.
Amerita causa penal, dicen
“Lo que yo publicaba el día de hoy (ayer) debe ser indicio de una investigación penal, lo que hablaba sobre esta solicitud y aprobación por parte de la actual gerente de Administración y Finanzas del Instituto de Previsión Social (Gladys Vera), esto es un indicio penal”, dijo ayer el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete)
El mismo hizo alusión al hecho de que Vera autorizó pagos al ahora exdirector jurídico de IPS, José González Maldonado, en concepto de “honorarios profesionales”, presuntamente usurpando atribuciones judiciales.
“Fijaron administrativamente honorarios para su director jurídico (Jose’i González), algo que corresponde a un juez, eso ya es un acto aberrante institucionalmente y otra situación, en un proceso común, quién debería pagar el juicio es quien pierde el juicio”, resaltó Espínola, dando una punta de ovillo a la Fiscalía de Emiliano Rolón.
También mencionó que habría que ver la legalidad del uso de fondos de los aportantes para estos desembolsos.
Esto sin contar otras denuncias previas contra la gestión del titular de IPS, Jorge Magno Brítez, con relación a licitaciones para el mantenimiento de los equipos médicos, la adjudicación presuntamente direccionada del servicio de lavandería, el de fumigación, entre otros.
Investigar a todos, reclaman
El senador opositor Rafael Filizzola (PDP) dijo que el Ministerio Público no solo debería investigar al exasesor jurídico del IPS José González Maldonado, sino también al presidente del ente previsional Jorge Brítez y a otros directivos.
Sostuvo que la renuncia al cargo o un sumario administrativo interno no subsana que haya tenido vía libre al uso discrecional del rubro “gastos judiciales” o dictaminado millonarios desembolsos a proveedores mediante “acuerdos extrajudiciales” por US$ 27 millones, además de su crecimiento patrimonial de 215% en 15 meses.
“Hay que investigar quiénes lo apoyaron; quiénes dejaron una expresa reserva; quiénes no lo hicieron; quiénes trabajaron con él; cuáles fueron los otros abogados que cobraron; cuál es la justificación de haber triplicado la nómina de abogados externos; por qué se usó ese dinero irregularmente. Ese dinero de honorarios se usó de una manera irregular”, aseveró el legislador.
Filizzola recordó que según la ley, un abogado particular, a una persona particular le puede regular honorarios, pero en el caso del Estado y las entidades públicas.
“La renuncia no soluciona, aparentemente va a seguir siendo funcionario del IPS”, lamentó.