Guillermo Alicio Moral Centurión, militar que había evitado el ingreso de un celular para el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tio Rico en su al lugar de reclusión en la prisión militar de Viñas Cué, fue asesinado a tiros por sicarios el 2 de octubre del año pasado en Asunción.
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En tal sentido, existe un proyecto de ley con media sanción del Senado, que figura como 8º punto del orden del día de la sesión de mañana, mediante el cual se plantea el ascenso póstumo de Teniente Coronel a Coronel, “en mérito a los relevantes servicios prestados a la República del Paraguay por el ilustre oficial extinto”.
El asesinato se perpetró pese a las promesas del gobierno de Santiago Peña de “protección” a este testigo, y aun a espera de justicia, ya que tras cometer el crimen, los presuntos sicarios también habrían sido asesinados.
El único que podría datos para llegar a los actores intelectuales del crimen es el ahora detenido Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú, quién supuestamente sería el nexo entre los sicarios y los contratantes.
El proyecto sería sancionado sin oposición y ya cuenta con dictamen a favor de comisiones.
“Ley Anti Rivas” en el JEM
Por otra parte, volvió a ser incluido el proyecto de ley que modifica varios artículos de la ley que rige al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sobre los criterios para la designación de sus miembros en representación de ambas cámara del Congreso.
Esta iniciativa es en respuesta a escándalos de expresidentes del JEM con presunto títulos falsos de abogado como el del senador cartista Hernán David Rivas y el exdiputado Orlando Arévalo.
El proyecto de ley plantea aumentar los requisitos para la designación de representantes del Congreso (corresponden 2 por Diputados e igual número del Senado) ante el JEM, estableciendo que para ser elegible, deberán demostrar al menos 10 años de ejercicio previo de la abogacía, ya sea de manera particular, a través de la docencia o como magistrados o fiscales.
El único punto en controversia en este proyecto es el plazo de mandato, ya que de los 3 años actuales, se plantea reducir a una año con posibilidad de reelección, o a dos y medio pero eliminando la posibilidad del rekutú de manera consecutiva.