Mediante A.I. N° 283 del 26 de marzo pasado, un Juzgado de Primera Instancia de Caacupé autorizó el ingreso de funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) a la Municipalidad de Valenzuela, cuya intendenta es Mirtha Fernández (PLRA).
La justicia incluso autorizó el acompañamiento de la Policía Nacional, ante reiterados incumplimientos en la entrega de documentación requerida al ente contralor de parte de la jefa comunal.
Indica que si se sigue resistiendo en la entrega se puede comunicar al Ministerio Público para que tome acciones legales.
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La medida judicial se da luego de un largo proceso administrativo en el cual los auditores del ente contralor solicitaron los informes financieros, administrativos y documentales correspondientes a varios ejercicios fiscales.
También solicitaron los balances, ejecuciones presupuestarias, nóminas de funcionarios y rendiciones de cuentas, pero sin obtener respuesta de parte de la intendenta liberal.
Antecedentes
Según los datos de la CGR, la Municipalidad de Valenzuela respondió solo uno de los requerimientos formulados desde octubre de 2023 e ignoró las reiteraciones realizadas durante 2024 y 2025.
Incluso, cuando funcionarios de la CGR se constituyeron en la sede municipal en julio de 2025, Mirtha Fernández solicitó una prórroga para la entrega de los documentos, la cual tampoco fue cumplida.
Debido a la falta de transparencia y la poca cooperación municipal, la CGR dio por terminadas las vías administrativas y recurrió a la justicia.
El juzgado de Caacupé indicó que la CGR es un organismo que posee facultades expresas para requerir información y acceder a documentación pública, en virtud de la Constitución Nacional y de la Ley N° 276/94.
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Mirtha Fernández está en pleno juicio oral por lesión de confianza por una supuesta malversación de G. 1199 millones durante su gestión del 2019.
En tanto que afronta otra imputación judicial por su gestión 2022-2023 por una supuesta malversación de G. 300 millones.