Según las denuncias de la comisión “Antimafia de Pagarés” de la Cámara de Senadores revela que la operación bancaria, actualmente bajo investigación, habría sido gestionada por un tercero que actuó como intermediario.
El caso del funcionario Isabelino Cipriano González abre serias dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso crediticio que ahora apuntaría como principal responsable al Banco Nacional de Fomento (BNF).
Ante las dudas sobre la legalidad de la gestión bancaria, la comisión que investiga el esquema de la trama delictiva requirió informes al BNF.
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En su informe oficial de enero pasado firmado por el presidente del banco, Manuel Ochipintti, y el gerente, César Vargas Mora, el BNF sostiene que:
- La comunicación con el cliente fue directa y verbal.
- No se requirieron mecanismos de accesibilidad específicos.
- El solicitante “se comunicaba sin dificultad”.
- El crédito fue procesado por varias áreas: Atención al Cliente, Riesgos, Operaciones y Gerencia.
Además, el banco afirma que no se utilizó intérprete de lengua de señas y que el cliente acudió por sus propios medios.
Estos puntos resultan clave en la controversia, ya que contrastan con la condición certificada del afectado.
Filizzola: “Una estafa cruel y sin precedentes”
El presidente de la comisión Antimafia de Pagarés del Senado, Rafael Filizzola, reaccionó con dureza ante la respuesta del banco:
“Lo que el BNF le hizo a Isabelino no tiene nombre; es una estafa cruel y sin precedentes”.
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El legislador cuestionó especialmente la afirmación de que la gestión fue verbal: “¿Cómo va a tener una charla fluida alguien que no puede escuchar ni hablar y que además tiene una limitación cognitiva?”.
Filizzola también subrayó que el proceso no fue un simple error administrativo debido a que el crédito pasó por múltiples áreas internas del banco, existió una cadena de validación institucional y se habría ignorado la condición de vulnerabilidad del cliente.
Posible violación de DD.HH. y normas bancarias
El senador calificó el caso como: “Una violación gravísima de los derechos humanos” y un “incumplimiento de normas bancarias básicas“.
En ese contexto, anunció que ya solicitaron la intervención del Banco Central del Paraguay, específicamente de su Superintendencia.
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“El BNF debe ser el banco de la gente, no la herramienta de una banda de estafadores que se aprovecha de los más vulnerables”, enfatizó.
Este caso genera serias sospechas y varios elementos críticos:
- Condición de discapacidad certificada (71%).
- Préstamo aprobado sin ajustes de accesibilidad.
- Comunicación declarada como verbal.
- Intervención de un tercero intermediario.
- Participación de múltiples áreas del banco.
El futuro del caso dependerá de la investigación y la respuesta que la Superintendencia del Banco Central dé a la comisión “Antimafia de Pagarés”.
Filizzola adelantó que, según los resultados, no se descartan acciones judiciales o políticas adicionales.