La “ley del ñembotavy” es la política de la mayoría en Cámara de Diputados, que con tal de no incomodar a sus protegidos sigue manteniendo una política de impunidad tanto en favor de colegas como también de intendentes muy cuestionados, que incluso ni siquiera se ruborizan en apuntar al rekutu.
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A diferencia del Senado, donde en lo que va del periodo legislativo 2023-2028 han expulsado a tres colegas, en algunos casos, como Kattya González (Independiente), incluso sin motivo más que el de presuntamente anularla políticamente, en Diputados no se les mueve un pelo ante casos donde incluso hay posibles causas penales.
El único “echado” en Diputados fue el exdiputado cartista -ahora reclutado por el movimiento Fuerza Republicana de Hugo Velázquez-, Orlando Arévalo, que se vio forzado a renunciar ante el escándalo de conversaciones con su ahora difunto colega Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC) donde supuestamente hablaban de favorecer o beneficiar, según la utilidad, a fiscales y jueces a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Parte de esa política de impunidad se basa en mantener congelados hasta ahora todos los pedidos de desafuero contra diputados, puntualmente contra el cartista Esteban Samaniego, el colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), contra los liberales Roya Torres y Cleto Marcelino Giménez y el opositor Walter García (Yo Creo).
Impunidad, en el caso de Estaban Samaniego tanto en cantidad como en tiempo, puesto que su primer pedido data de 2019 -hace 7 años- y hasta ahora acumula pedidos de desafuero por 4 causas distintas, y menos 3 reiteraciones, siendo apañado por colegas de dos periodos legislativos distintos.
Tres de las causas son por presunta agresión, siendo la cuarta, la más relevante, por supuesto desvío de fondos millonarios cuando era intendente de Quyquyhó, causa en la que ya está acusada su esposa y actual intendenta, Patricia Corvalán (que busca el rekutu) y otro familiares.
Ya durante este periodo se sumó el resto, siendo los más antiguos los casos de Mauricio Espínola (junio de 2024), denunciado por Horacio Cartes por supuesta filtración de datos secretos y los de Roya Torres y Cleto Giménez (julio de 2024) ambos por casos de presunto planillerismo de sus nepobabies.
Para Roya, el blindaje se mantiene pese a que su hijo, Elías Godoy Torres, ya admitió su culpa para ser beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, por haber sido nombrado como “asesor” de Diputados con salario de G. 9.500.000, siendo apenas bachiller de entonces 18 años y que para colmo, la Fiscalía detectó que ni siquiera cumplía funciones reales (planilleaba).
Sin rendir cuentas por dicho, Roya Torres se postula a la intendencia de Presidente Franco (Alto Paraná).
En el caso de Espínola es el único donde hay dictamen en contra del pedido de desafuero, ya que se vio empañado por la filtración de conversaciones entre el abogado de Cartes, Pedro Ovelar y el entonces fiscal de la causa, Aldo Cantero, donde el primero le ordena diligencias.
El último pedido de desafuero que ingresó hace un par de semanas es contra el diputado Walter García (Yo Creo) por supuesta complicidad de daño patrimonial en la gestión del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).
Intervenciones contra los que “molestaba”
Precisamente ligado al opositor Miguel Prieto va el otro aspecto de impunidad de mano de la Cámara de Diputados, ya que fue el único intendente echado por vía de la intervención, mientras que al menos media docena de casos fueron congelados, resultando uno de los beneficiados el intendente del Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (ANR, HC), padre del senador cartista Hernán David Rivas, este recientemente salvado en su causa por presunto título falso de abogado.
A Prieto lo echaron intentando hacerse con la jefatura municipal de Ciudad del Este, pero la ANR volvió a perder catastróficamente en las elecciones complementarias, donde resultó electo el candidato de prieto, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo).
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El el caso del exintendente cartista de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, que también fue sometido a intervención, este renunció antes de ser echado, pero en su caso fue más una cuestión de deshacerse de un lastre que de buscar justicia.
Esto lo ratifica ahora un cruce mediático a través de redes sociales, donde Nenecho terminó acusando de “Judas” -y otras cosas personales- a sus exaliados en Asunción, entre ellos el presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre, al actual intendente Luis Bello y otros.
Estos dos casos fueron los únicos pedidos de intervención que permitieron que avancen en Diputados, quedando cajoneados otros casos como los de: Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), jefe comunal de Tomás Romero Pereira; de Ñemby,Tomás Olmedo(ANR-HC); de Lima, Juan Manuel Ávalos(Alianza); de Ybyrarobaná, César Machuca(ANR-HC); el de Emboscada,Silvio Andrés Peña(PLRA); de Yby Yaú,Vidal Argüello(Alianza) y de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel(Alianza).