Hace un par de días, en una acto de lanzamiento de campaña de uno de los precandidatos cartistas a intendente de Luque, Hugo Farías, el diputado cartista Rodrigo Gamarra pidió al senador y miembro del jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Derlis Maidana tener en la mira -a modo de amenaza- a la fiscal Sophia Anatolia Galeano Gavilan, por considerar una causa contra la madre de su candidato, Aida Aquino de Farías.
La amenaza de Gamarra pública contra la fiscal fue advertido por abogados y colegas diputados como presunto tráfico de influencias fehacientemente comprobado, por ende, causal de pérdida de investidura conforme al artículo 201 de la Constitución Nacional. Aun así, Gamarra siguió patoteando.
“Voy EXIGIR SIEMPRE AL JURADO que mire atento a todos los que quieran o busquen manipular o instrumentar la justicia para perseguir adversarios políticos! como corresponde como diputado y como ciudadano amparado en la Constitución Nacional!”, comenzó diciendo en X.
Es muy paradójico que lo supuestamente dice repudiar, es lo que termina haciendo, ya que su amenaza precisamente apunta a “manipular o instrumentar la justicia” para que no moleste a su candidato a intendente.
El mismo, obviando la posibilidad de retractarse, se limitó a despotricar contra los que expusieron su amenaza e intento de amedrentameinto.
“Estos medios sicarios que viven de la calumnia, las medias verdades y las mentiras y que buscan silenciar o coaccionar voces de parlamentarios que no se alinean a sus intereses políticos/económicos, son cómplices de aquellos que buscan manejar la justicia como su garrote particular!”, acusó.
Llamativo que él hable de “complicidad en la manipulación de la justicia”, ya que fue uno de los que ubicó al exdiputado cartista Orlando Arévalo (actualmente en Fuerza Republicana) en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde apretaban o salvaban a fiscales y jueces, según les respondiesen.
Es intervención de un poder sobre otro, insisten
Ante el argumento de Gamarra, la abogada Alejandra Peralta Merlo insistió en que los dichos, por su condición de legislador, exceden las de un ciudadano “común” y se constituyen en presión a otros poder del Estado.
“La Constitución es muy clara en dos puntos: 1) Artículo 3: Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial actúan en separación, equilibrio y recíproco control. Ningún poder puede arrogarse facultades que le corresponden a otro. 2) Artículo 248: “Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. (…) En ningún caso los miembros de otros poderes (…) podrán (…) intervenir de cualquier modo en los juicios", comenzó puntualizando Peralta.
La misma destacó que cualquier otro ciudadano sin cargo ni investidura puede “opinar, criticar y denunciar”, pero al tener la investidura de diputado, Gamarra no puede “presionar públicamente al JEM sobre un caso concreto para defender a un candidato de tu partido”.
”Cuando en un acto partidario, usando su investidura de diputado y pidiendo públicamente a un senador miembro del JEM que “mire atentamente” la actuación de una fiscal específica porque está investigando a la madre de su precandidato, está usando su cargo legislativo para presionar al Ministerio Público. Eso ya no es opinión ciudadana: es intervención de un poder del Estado en otro. (Lo cual está prohibido). No es lo mismo que un ciudadano común diga “esta fiscal está mal” a que un diputado lo diga desde el estrado político y pida que el JEM “esté atento”. Una cosa es libertad de expresión; la otra es presión institucional que afecta la independencia de la justicia“, insistió Peralta.
“Hizo un tráfico de influencia. Categórico”, dicen
El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) dijo que es categórico que la amenaza de su colega Rodrigo Gamarra constituye tráfico de influencias y si no fuera por el blindaje de la mayoría cartista en Diputados, debiera perder su banca.
“Lo que hizo un tráfico de influencia. Categórico. Si tuviéramos los números, caería, obviamente hoy ya no estaría en su en su banca. Lastimosamente no tenemos los números para para para poder corregir lo que está mal", dijo Vaesken.
El mismo adelantó que el cartismo no permitirá que se toque a Gamarra porque este es fruto y reflejo del sistema que impuso Honor Colorado.
“El copamiento del organismo extrapoderes y la arrogancia y la prepotencia del cartopeñismo conduce a este tipo de actuaciones de los actores que hoy están en el poder. Es clásico de los colorados”, dijo.
Finalmente dijo que lo más grave es que ante esta impunidad, la situación “va a seguir lastimosamente porque tiene la mayoría y los organismos extrapolares no funcionan”.
Dañan aún más una institución que “viene a los tumbos”
Por su parte, el diputado Roberto González (ANR, Añeteté) afirmó que habría que analizar más detenidamente si se configuran los presupuestos para la pérdida de investidura, pero lo que es categórico es que los cartistas siguen dinamitando cada vez más las instituciones, y una con la que parecen haberse ensañado especialmente es el JEM
“No sé si se da (el presupuesto para la pérdida de investidura), pero por otro lado es muy comprometedor para el senador Derlis Maidana. Cuando él al subir al escenario tenía que decirle al colega diputado que esa no es la vía, que hay un procedimiento para plantear alguna denuncia contra un magistrado, contra un fiscal o quien sea Eso debió decir, me parece, el el senador Maidana", dijo González.
Consideró que lo grave es que este es solo uno de los tantos casos donde se “usa” a la Fiscalía, ya sea para perseguir a enemigos o bien para salvar a los amigos.
“Naturalmente que hay mucho problema en el en el Ministerio Público. Primero cuando se designan agentes fiscales exclusivamente para perseguir a inocentes y en otro caso para ir de menos en situaciones donde están comprometida gente vinculada al oficialismo, entiéndase narcotraficante, lavadores de activo, crimen internacional, etc”.
González puntualmente citó casos recientes “favorables” al cartismo como el del exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (+), el senador cartista Erico Galeano y el propio “juez de jueces”, senador cartista Hernán Rivas.
“El efecto es el desgaste hacia las instituciones y en este caso en especial el desgaste de un órgano extrapoder muy importante que viene a los tumbos, viene a los tumbos. Basta recordar la época del finado Óscar González Daher con todos esos escándalos, luego el caso de Orlando Arévalo, luego el caso de Hernán Rivas, o sea, es una sumatoria de inconducta que daña terriblemente a la institucionalidad de la República”, lamentó.
