El proyecto de ley "modifica los artículos 11, 15, 16 y 30 de la Ley N° 5016/14 Nacional de tránsito y seguridad vial", plantea quitar la potestad de Opaci para cobrar G. 10.000 por cada trámite relacionado a los registros de conducir, y sobre todo transferir al Estado el manejo de toda la información privada de los conductores, datos que ahora están en manos de esta oenegé “amiga”.
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“En Paraguay, para robar los muchachos van a hacer cualquier cosa y está (OPACI) es una organización, que no tengo nada en contra de que los intendentes se organicen, pero el que se metan donde no deben es el problema“, dijo uno de los proyectistas Miguel Martínez (PLRA).
Martínez remarcó que es inconcebible que una “entidad privada maneje información importante de ciudadanos ”y otra vez lo use para “chantajear” y recaudar, en vez de que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) asuma ese rol como corresponde y sin costos adicionales para el ciudadano.
“La ciudadanía está harta de pagar donde no se debe", remarcó Martínez.
Se sumó a la crítica otras de las firmantes de la iniciativa, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) que le preguntó directamente a la representante de la Agencia Nacional de Tránsito qué hace falta para que Opaci deje de recaudar a costa de los ciudanos a nivel país.
“¿Que tenemos que hacer para que ustedes absorban esas funciones, porque acá los que firmamos este proyecto queremos que desaparezca Opaci, porque es una institución que no es transparente", señaló.
Uno hubiese esperado que la representante de la agencia estatal, puntualmente la escribana Susana Medina, directora nacional de Licencias pida el cambio de la ley para asumir esa función que corresponde al Estado, sin embargo, defendió el “negocio” y que siga Opaci.
La misma se limitó a decir que el artículo 30 de la Ley “delega a través del Opaci el uso del Registro Nacional (de Licencias), ya que ellos son los que desde siempre tuvieron esta base de datos y nosotros como Dirección Nacional de Licencias nos encargamos de toda la formalización y la política pública que tiene que ver con las licencias de conducir y la seguridad vial”, sostuvo.
El argumento ridículo que plantean para sostener que sigan esquilmando al ciudadano es que supuestamente sería muy complicado trasladar la base de datos para el manejo y control del Estado, y que para ellos está bien que toda la información privada esté en manos de la oenegé manejada por políticos.
“La Opaci es un órgano técnico que nos ayuda a establecer estas políticas publicas con los municipios porque conglomeran a los 264 municipios que tiene nuestro país”, acotó Medina, alegando la propia inutilidad para coordinar con las municipalidades y asumir este rol de llevar el registro de datos.
Se hacen los “ñembotavy” sobre cuanto recaudan
El punto medular de la cuestión está en cuanto se recauda, ya que Opaci cobra G. 10.000 por cada trámite de expedición de nuevo registro, renovación o anulación, sin embargo, tanto la Agencia Nacional de Tránsito como la Opaci evitaron responder sobre cuanto se recauda al año en este negociado.
Al ser una oenege, no pasan por los controles estatales e incluso se dan el lujo de ignorar pedidos de informes del Congreso.
“No podría decirle yo”, se excusó Medina, al igual que lo hizo posteriormente el director jurídico de Opaci,Justo Domínguez
“Nosotros venimos a debatir técnicamente lo que hacemos, no la cuestión administrativa de tantos mil (recaudamos).... no conocemos luego porque no estamos en el área”, alegó Domínguez evadiendo la consulta sobre la cuantía del negocio.
También evadieron la consulta directa del diputado Martínez, refiriendo si no creen que el Estado perfectamente podría hacerse cargo del manejo de esos datos.
“Yo quiero centrarme en lo que dice la exposición de motivos y nos estamos desviando y creo que no corresponde”, sostuvo de manera evasiva Rodríguez.
Sin argumentos, el Director Jurídico dijo que “operativamente es imposible” pasar todos los datos actualmente en poder de Opaci a la ANTSV, y establecer la coordinación para el canje de registro con otros países como España, Argentina y Colombia, así como trabajar en red con 245 municipalidad.
“¿Ustedes piensan que eso se hizo del día a la noche?“, cuestionó Domínguez, a lo cual el diputado Martínez, sin exaltarse le respondió que ahora con la tecnología todo es posible.
Los representantes de Opaci están tranquilos con el negocio, ya que el año pasado se rechazó -gracias a la mayoría cartista- un proyecto similar que incluso era más amplio, puesto que también incluía eliminar el cobro que hace la oenegé en concepto de trámites inmobiliarios.
El proyecto se encuentra en su primer trámite y sin fecha de tratamiento en el pleno.