La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores finalmente no emitió dictamen en temas sensibles. Postergó el proyecto para reglamentar la senaduría vitalicia y quedó sin quórum cuando se debatía el proyecto de ley de protección a periodistas.
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Pese a la falta de dictamen, no se descarta que los cartistas y sus aliados aprueben el proyecto de reglamentar la senaduría vitalicia “a tambor batiente” mañana en la sesión ordinaria de la Cámara Alta teniendo en cuenta que sí existen dictámenes de la comisión de Legislación. El tratamiento figura en el punto N° 11 del orden del día.
La reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales fue presidida por Ramón Retamozo (ANR) ante la ausencia del titular del órgano, el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC). La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) se retiró de la sesión al repudiar la ausencia del presidente de la Comisión y la designación de Retamozo.
Los senadores Líder Amarilla (PLRA) y Mario Varela (ANR, disidencia) se pronunciaron en contra del proyecto. Varela pidió postergar el tratamiento ante la falta de acuerdo.
“Con este proyecto de ley no se pretende interpretar la Constitución Nacional, sino que se pretende contradecirla”, sostuvo Amarilla.
Expresidentes entrarán en la línea de sucesión
Amarilla repudió que el proyecto busque incorporar al Senado con voz, voto y decisión e influencia política a los ex presidentes, incluso instalándolos en la línea de sucesión presididencial siendo que la estructura de la Constitución Nacional claramente dice que lo único que puede hacer un ex mandatario es ser senador vitalicio.
“La única forma en que se pueda modificar, tocar la Constitución Nacional solamente es a través de una reforma constitucional cuando se trata de asuntos electorales”, aseveró.
El proyecto de reglamentación del artículo 189 de la Constitución busca habilitar a los expresidentes de la República a postularse como senadores activos y la posibilidad de que en su condición de senadores vitalicios ejerzan otros cargos públicos sin que exista incompatibilidad expresa, siempre que cuenten con autorización de la Cámara Alta.