El presidente de la Junta de Saneamiento de Arazapé (San Miguel, Misiones), Brígido Cristaldo, dejó al descubierto un esquema de presunto “apriete” a beneficiarios de los fondos de responsabilidad social de Itaipú. Según la denuncia, la aguatera accedió a casi G. 302 millones para la perforación de pozos artesianos, tras gestiones del senador Derlis Maidana y el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores, ambos cartistas.
Cristaldo reveló que, al acudir a la sede de la binacional para retirar el cheque -escoltado por el precandidato colorado cartista a intendente Sergio Ramírez-, fue interceptado por los responsables de la empresa Bramante SA, cuyos representantes son Cristóbal González Ruiz y Juan Carlos Benítez Fernández.
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Las personas le exigieron la entrega de los recursos alegando que ellos eran los “encargados” de la obra, pese a que la Junta de Saneamiento es, técnicamente, la que debe administrar el fondo.
Según Cristaldo, su acompañante, el político Sergio Ramírez, le indicó que “procediera nomás” a entregar la totalidad de los fondos. Bajo presión, el titular de la aguatera terminó endosando el documento con su firma y número de cédula, aun en el edificio de la Itaipú.
El superintendente de Comunicaciones de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, deslindó ayer cualquier responsabilidad institucional. “Es una relación entre privados. Yo no puedo dar fe ni negar el trato ni el criterio coercitivo; eso ya escapa a las funciones de Itaipú”, señaló, calificando el hecho como un conflicto ajeno a la entidad.
Rodríguez Tornaco explicó que la binacional opera bajo un mecanismo de apoyo social en el que los solicitantes (municipios o juntas) sugieren el modo de trabajo. “Si la Junta de Saneamiento decide contratar a una empresa o a ciertos ingenieros, eso escapa al control de Itaipú. Nosotros solo verificamos la rendición de cuentas y que la obra se haya realizado”, subrayó, enfatizando que el proceso de selección de la firma corre por cuenta exclusiva de los beneficiarios.
Sospechosa coincidencia
Al ser consultado sobre por qué Bramante SA aparece como adjudicada en otras obras financiadas por la binacional, Rodríguez Tornaco admitió conocer la firma pero intentó minimizar su peso. “Entiendo que ha realizado obras convenidas o para municipios, pero no sé si reúne los requisitos para llevarse el mote de ‘mimada’ de la Itaipú”, afirmó.
Sin embargo, la presencia constante de la firma en proyectos de la entidad contradice la supuesta “distancia” institucional que alega la administración actual. Incluso, en marzo del año pasado la concejala y ahora candidata a intendente de San Ignacio, María Gloria Rodríguez (ANR, cartista), posteó la visita de la empresa Bramante SA, como la adjudicada con las obras en la comunidad de Kile Kué (San Ignacio, Misiones).
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Para junio de ese mismo año, la obra fue inaugurada con presencia del presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el director paraguayo de la Itaipú, Justo Zacarías Irún.
Círculo que se cierra en entorno de los ZI
Juan Carlos Benítez Fernández, uno de los representantes de Bramante SA, no es un desconocido para el actual director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún (ANR, cartista). Benítez Fernández fue funcionario de la Gobernación de Alto Paraná entre 2014 y 2019, desempeñándose precisamente como fiscal de obras durante el mandato de Zacarías Irún.
Hoy, el antiguo subordinado del ahora director de Itaipú lidera una empresa que intercepta cheques –según la declaración del presidente de la Junta de Saneamiento de Arazapé (San Miguel, Misiones), Brígido Cristaldo– en los pasillos de la binacional, cerrando un círculo de sospechas sobre el destino y control de los codiciados fondos sociales.