Como parte de la persecución a ABC con el caso FIFA-Gate y otros, la mayoría cartista en el Congreso creó en agosto de 2024 la “Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”, mejor conocida como “Comisión Garrote” por su claro fin de atacar a sectores críticos del gobierno de Santiago Peña.
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En ese contexto, fue convocado a una audiencia pública el 31 de octubre de 2024 (transmitida in extenso) el abogado Claudio Lovera, en representación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), presidida por Alejandro Domínguez, a fin de atacar exclusivamente al banco que forma parte del Grupo ABC y obviando mencionar elementos claves como el acuerdo con los herederos de Leoz por US$ 51 millones.
Dicho acuerdo, mantenido en secreto por los representantes de Conmebol hasta el pasado martes 28, fue rubricado ya el 3 de abril y el 31 de agosto de 2020; sin embargo, sospechosamente, no fue presentado ante la Comisión Garrote.
Lovera, que habló por más de una hora ante los miembros de la Comisión, que a toda costa estaban empeñados en querer inculpar solamente a Banco Atlas, omitió informar del acuerdo, sin siquiera poder alegar desconocimiento del mismo, ya que su firma está refrendada en él.
Incluso, en un momento ante la CBI declaró: “Hay que entender que la Conmebol lleva recuperados en distintas labores, en el extranjero, como en la justicia de Suiza y Estados Unidos, más de US$ 120 millones, pero como en alguna oportunidad el presidente de la Conmebol (Domínguez) había expresado, no hay absolutamente fondo alguno recuperado a través de la Justicia paraguaya."
En el documento mantenido en secreto hasta hace unos días, tampoco figura entre las 1.331 hojas que componen los 9 tomos del informe final de la CBI, pese a que Lovera se comprometió ante ellos a acercar toda la documentación pertinente.
De hecho, también los montos planteados ante el Congreso por el abogado de Conmebol, no cuadran, ya que habló de un total de US$ 150 millones a recuperar, y hasta entonces, mediante la justicia norteamericana y suiza había recuperado US$ 120 millones.
Fuera de esos US$ 120 millones queda el acuerdo no mencionado de US$ 51 millones con los herederos de Leoz, más US$ 28 millones en cuentas Banco Do Brasil que llamativamente no les interesa tanto recuperar, sino que cargan con todo contra unos supuestos US$ 5.300.000 en Atlas.
En la comparecencia oral, también se evidenció el claro afán en direccionar toda la culpa hacia el banco que forma parte del Grupo ABC, por un monto de US$ 5,3 millones, mientras admitían sin rubor desconocer y no tener interés sobre el destino de unos US$ 22 millones que figuraban en cuentas del Banco do Brasil.
Hasta los propios aliados miembros de la Comisión, como el diputado cartista Héctor “Bocha” Figueredo no entendían qué pasó y por qué no se reclamaban esos US$ 22 millones de Banco do Brasil, que en realidad Lovera habría confundido con otra cuenta en Banco Continental.
“Se recuperó casi 120 (millones de dólares); del Banco Do Brasil hay una transacción de 28 millones de dólares, ¿en qué momento entra Banco Atlas a tener protagonismo en este movimiento que usted menciona?”, le había consultado el diputado Figueredo.
En todo momento, Lovera ignoró lo relacionado a dicho monto de US$ 28 millones del otro banco, alegando que la investigación (en base a una primera denuncia penal en 2017) se había cerrado tras la muerte de Leoz y ellos se habían desentendido sobre dicho monto.
Tras reiteradas consultas, tuvo que admitir que dicho monto de US$ 28 millones fueron “operaciones realizadas en Banco Do Brasil” en Paraguay.
Incluso el entonces senador cartista Gustavo Leite (ahora con permiso por ser embajador ante los EE. UU.) le consultó directamente: “Usted había mencionado que se había movido de una manera irregular unos 28 millones de dólares a través de Banco do Brasil, ¿Hay alguna denuncia contra Banco do Brasil? ¿Alguna gestión para recuperar esa plata?."
Ante esto, Lovera lavándose las manos respondió: “Ya en 2017 la Conmebol formuló esa denuncia, el Ministerio Público cerró por fallecimiento de Leoz esa causa sobre Leoz (sic). Lo que desconozco es si el Ministerio Público continuó procesando otros casos a partir de estos hechos, es una pregunta que habría que dirigir a la Fiscalía".
Desde ese entonces ya presionaban a la Fiscalía
La otra labor de la comisión “garrote” fue apretar a la Fiscalía para que avanzara con la imputación y acusación en esta causa, y lo hicieron abiertamente convocando a los fiscales del caso.
El entonces senador Leite había consultado directamente al equipo fiscal que lleva el caso, integrado por Jorge Luis Arce, Francisco Cabrera Sanabria, Alma Belinda Zayas y María Verónica Valdez, cuando pretendía actuar contra los directivos del banco.
“¿Cuánto tiempo cree usted que va a llevar desestimar o avanzar?“ había increpado el senador Leite, lo cual también consta en el informe final de la CBI (ver facsímil).
A las abiertas presiones políticas como esta hay que sumarle la divulgación de conversaciones e instrucciones directas que hizo el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera a los fiscales de la causa, principalmente a Francisco Cabrera y a la exfiscal y actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz.