La Cámara de Diputados deberá analizar este martes el proyecto de ley que pretende ampliar hasta 2030 la vigencia de la Ley N° 7104/2013 “que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas, en todo el territorio de la República del Paraguay”, cuya vigencia fenece este año y hasta ahora no reporta grandes resultados ante una problemática cada vez más creciente.
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El proyecto presentado por el diputado cartista y presidente de la Comisión de Lucha contra el narcotráfico, Carlos Marcial Godoy figura como quinto punto del orden del día y plantea como única modificación reformar el artículo 2°, que establece actualmente la vigencia de la ley hasta este año, y cambiarlo por “hasta el 31 de diciembre del año 2030″. Es decir, que la emergencia tenga una duración total de 7 años (desde su vigencia en 2023).
En el caso de prosperar, esto implicará que el siguiente presidente de la República que sea electo en 2028 también se verá afectado por esta reforma.
“La lucha contra el consumo de sustancias psicoactivas y sus consecuencias no puede abordarse en plazos cortos. La evidencia internacional demuestra que las estrategias de prevención, tratamiento y seguridad requieren continuidad para generar un impacto real y sostenible en la sociedad. Limitar la vigencia de la Ley N° 7104/2023 a tres años podría interrumpir procesos esenciales y debilitar los avances obtenidos", alega Godoy.
Sin embargo, las declaraciones de emergencia también conllevan riesgos sobre el manejo transparente de fondos, ya que establecen también excepciones a los procesos licitatorios, que en este caso incluso podrían ser hasta 2030.
En este caso en particular, la ley vigente establece que el Ministerio de Salud debe coordinar con la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) la disponibilidad de recursos para el financiamiento de esta ley, además de los presupuestos disponibles en cada institución.
Son varias las instituciones obligadas por esta ley, empezando por el Ministerio de Salud (tratamiento) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) (combate al tráfico), pero que incluye también al Ministerio de Educación, al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), al Ministerio de Niñez y Adolescencia, entre otros.
“Chau chespi” había sido una de las promesas de campaña de Peña, lo cual luego se convirtió en el Plan Sumar, que es aún absolutamente innecesario sobre todo en el interior del país, ya que los pocos puntos de asistencia se encuentran en el área metropolitana.
En Asunción hay apenas cuatro puntos de ayuda: Hospital de Barrio Obrero, el Centro de Salud N° 3, el Hospital Materno Infantil San Pablo y el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (Cenpta).
En Central hay apenas seis: el Hospital Distrital de Capiatá, la USF San Ramón de Capiatá, el Hospital General de Lambaré, el Centro Ambulatorio de Especialidades de J. Augusto Saldívar, el Hospital Distrital de Luque y el Hospital General de San Lorenzo.