El Ministerio Público acusó al concejal de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), Luis Alberto Sala Ferreira (PLRA), por el hecho de tráfico de influencias el 2 de febrero pasado y finalmente hoy se realizó la audiencia preliminar ante el juez Rodrigo Estigarribia, quien decidió elevar la causa a juicio oral y público.
Según la investigación, Sala Ferreira habría exigido, en nombre de la intendenta Silvia Trubger (ANR), el pago de G. 24.000.000, supuestamente a cambio de que la misma firme la rectificación de un documento relacionado con el fraccionamiento de un terreno.
Lea más: Acusan a concejal que habría exigido G. 24 millones para “destrabar” proceso municipal
La defensa del concejal liberal presentó seis incidentes para intentar dilatar la audiencia; sin embargo, el procedimiento se realizó.
También buscó una salida procesal abreviada y ofreció una compensación por daño social de G. 6.000.000 a pagar en cómodas cuotas de G. 500.000, que fue rechazada por el Ministerio Público y por la querella adhesiva.
Los incidentes presentados
- Excepción de incompetencia material y territorial.
- Excepción de falta de acción en la querella adhesiva por falta de condición de víctima.
- Incidente de sobreseimiento definitivo.
- Incidente de suspensión condicional del procedimiento.
- Incidente de ofrecimiento de pruebas.
- Incidente de exclusión de pruebas.
De acuerdo con lo que señala el escrito del fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, el 3 de junio de 2024, Isacio Vidal Ávalos y su esposa Hermenegilda Barrios de Ávalos, firmaron un contrato de compraventa de inmuebles con la empresa “RAICES SA”, acordando los mismos en dicho acuerdo que las gestiones de desprendimiento, asignación de padrón ante la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray y Servicio Nacional de Catastro, quedaba a cargo de la pareja.
Sin embargo, el procedimiento se estancó en la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray, y llamativamente el concejal liberal solicitó G. 24 millones para lograr ejecutar la gestión.
Wenceslao Ávalos, hijo de la pareja, denunció el pedido de coima y llevó adelante la “negociación”. Se procedió en una entrega vigilada el 29 de julio del 2025 donde fue detenido el edil liberal, con el dinero en su poder.