La Cámara de Diputados tiene previsto tratar como 6º punto de su orden del día de la sesión ordinaria fijada para mañana a las 9:00 el proyecto de Ley “que modifica los artículos 11, 15, 16 y 30 de la Ley Nº 5016/14, Nacional de tránsito y seguridad vial”, que pretende que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) deje de cobrar G. 10.000 por cada trámite vinculado a las licencias de conducir.
Hoy, al menos la Comisión de Legislación y Codificación presidida por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, Nuevo Liberalismo) ya emitió dictamen a favor, lo que habilita su tratamiento mañana ante el pleno, pero lo que no habría es voluntad de tratarlo por parte de la mayoría cartista y sus satélites.
Con la excusa de que no tuvieron la reunión de bancada habitual de los lunes, ya que los cartistas fueron este mediodía a almorzar con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, extraoficialmente, diputados cartistas dijeron que plantearían la postergación, aunque no se descarta que lo manden directamente al muere.
Opaci, es una oenegé de las que “no molestan” al gobierno cartista, sino por el contrario, es protegida, ya que actualmente es manejada y presidida por el intendente cartista de Guarambaré, Oscar Cabrera.
Para la Opaci representó en estos últimos 5 años unos G. 316.049.947.744, ya había sido salvado por esta misma mayoría cartista el año pasado, cuando se planteó un proyecto similar, aunque incluso más amplio.
Esto ya que dicho proyecto también incluía cortar los cobros de Opaci por gestiones relacionadas con la titulación de tierra; sin embargo, el aspecto que pretende tocar este proyecto ahora en estudio relacionado con los registros de conducir representa la mitad de los ingresos de la oenegé amiga, que además, escudada por su condición de ente no gubernamental y el blindaje cartista, se caracteriza por su negativa a rendir cuentas claras sobre sus fondos.
ANTSV: ¿Reacios a administrar la base de datos?
Actualmente, Opaci cobra G. 10.000 a cada persona que gestione su registro de conducir en los municipios del país, con la excusa de que este ente no gubernamental provee el sistema informático (base de datos) y los insumos para la impresión de los carnets, algo que el proyectista Miguel Martínez (PLRA) y otros firmantes del proyecto de ley, pretenden que se haga cargo la estatal Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).
Llamativamente, en la audiencia pública sobre este proyecto, la ANTSV, manejada por el hombre de confianza del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), Félix Hernán Jiménez Castro, se mostró reacio a asumir este rol, apoyando que el esquema siga como hasta ahora.
La agencia estatal de control de tránsito puso trabas a la intención de que sean estos los que gestionen la base de datos de los conductores a nivel país y evitar que una oenegé, sin rol formal en la estructura del Estado, tenga en su poder los datos de los ciudadanos, y para colmo, ahora sume poder con parte de la gestión del sistema de puntos por multas, que se implementará con el nuevo sistema de QR en los registros de conducir.