La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), recaudó mediante diferentes vías un total de G. 316.049.947.744 solo en los años 2021 a 2025, y casi la mitad de esos fondos fue gracias a proveer supuestamente insumos y software para tramitar licencias de conducir a nivel país.
Ante esto, como sexto punto del orden del día de la sesión de Diputados convocada para este martes 4 de agosto, figura el proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley N° 5016/14 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” a fin de eliminar la intermediación y consecuente cobro de Opaci en la tramitación de registros de conducir, que en solo cinco años recaudó G. 138.385 millones.
El negocio está tan compenetrado con el oficialismo, que en la audiencia pública donde se debatió este proyecto, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), órgano estatal que debería cumplir este rol de disponer de una base de datos unificada de los registros a nivel país, se hizo la ñembotavy para que el esquema siga en manos de Opaci.
A esto ahora se suma el sistema de “puntos” por faltas en el tránsito y las licencias con QR, que también estará en manos de Opaci.
El proyecto busca que al menos esta institución estatal - sea la encargada de manejar esta información, ya que se trata de datos de ciudadanos de todo el país. Permite recaudar millones y cuyo uso hasta ahora es una incógnita, al terminar en manos de una oenegé ajena al Estado.
Opaci recaudó más de G. 138.000 millones en cinco años
Actualmente, la Opaci cobra G. 10.000 por cada trámite relacionado con los registros de conducir (solicitud por primera vez, renovación, cancelación, etc.), supuestamente por proveer el software y suministros (plásticos) a las municipalidades.
Según respondió en un pedido de informes aprobado en la Cámara de Diputados, “la provisión de aranceles por registro de conducir, se encuentra en el rubro Venta de Bienes y Servicios, cuya ejecución presupuestaria se presenta desde el ejercicio fiscal 2021 al 2025 en los cuadros precedentes", y señalan que en dicho lapso de 5 años, recaudaron unos G. 138.385.048.691.
Opaci también especificó que “dentro de este rubro se percibe un ingreso en concepto de Aranceles la suma de Gs. 10.000 (guaraníes diez mil) por cada emisión, revalidación y/o renovación de licencia de conducir, de los cuales se transfiere el 20% a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que equivale a la suma de Gs. 2.000 (guaraníes dos mil). Además se transfiere el 10% a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en concepto de Impuesto al Valor Agregado, cuyas operaciones están sujetas a los controles y fiscalizaciones tanto de parte de la DNIT y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad)“.
Sin embargo, cada vez que algún legislador o ciudadano solicita información sobre el uso de los fondos ingresados por Opaci, estos ponen trabas, argumentando que al no ser parte del Estado, no están obligados a someterse a las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas.
De hecho, en el pedido de informes aprobado por Diputados, se requirió especificar cuánto se reparten en concepto de salarios y gratificaciones las autoridades y miembros de Opaci; sin embargo, la información fue denegada.
“Es importante destacar que las personas físicas y jurídicas que han emitido facturas o comprobantes legales a la OPACI, son informaciones amparadas por los artículos 33 y 36 de la Constitución Nacional, cuya protección es una obligación constitucional y legal sujeta a responsabilidades civiles y a potenciales demandas por daños y perjuicios, preocupación que compartimos con otras organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado en el mismo sentido", señaló Opaci.
Sin embargo, esta oenegé es la única a la que se le respetó este derecho, ya que a oenegés que incomodaban al gobierno se les exigiieron y expusieron todos los datos, incluso mediante la llamada “Comisión Garrote” del Congreso, integrada por cartistas.
Cartistas defendieron esquema de la Opaci
En julio del año pasado se había desarrollado un caldeado debate mediante un proyecto anterior -más ámplio- planteado por el diputado Miguel Martínez, que proponía la eliminación de la intermediación de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) en la expedición de licencias de conducir y en los procesos relacionados a bienes y raíces, otro rubro importante de recaudación.
Los cartistas defendieron el sistema vigente, lo que motivó un ofuscado reclamo de Martínez.
“Tenemos que traer extraterrestres (en tono irónico), porque son los únicos que pueden hacer lo que hace esta oenegé manejada por los colorratas y Cachi-Bachi Núñez (haciendo alusión al presidente del Congreso y senador cartista Basilio ”Bachi” Núñez). ¡Eso es lo que ustedes son!”, había espetado Martínez.
El legislador no acusó a nadie más que a “Bachi” (que no era parte de la Cámara Baja), pero la bancada cartista se puso el sayo de “colorratas” al amenazar con suspender por 60 días a Martínez por sus dichos.
En esta ocasión, el proyecto en cuestión fue presentado por los diputados Miguel Martínez, Federico “Fredy” Franco, Carlos Pereira Rieve y Pedro Gómez (todos PLRA) y sus colegas opositores Raúl Benítez (Independiente), Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), pero pese a su inclusión en el orden del día, tiene pocas chances de prosperar ante la aplanadora cartista, que es mayoría en Cámara Baja.