La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que busca eliminar las excepciones que hoy permiten el matrimonio legal de menores de edad a partir de los 16 años con el aval de padres o jueces.
La votación dejó en evidencia una fuerte fragmentación y la primera gran derrota del sector peñista/cartista en la Cámara Baja. El resultado final fue de 23 votos a favor de la prohibición, 15 votos por el “no” (a favor de seguir permitiendo el matrimonio adolescente) y 9 abstenciones (votos en blanco).
El debate estuvo marcado por polémicas posturas, como la del diputado cartista Yamil Esgaib, quien defendió la vigencia de estas uniones con argumentos arcaicos al asegurar que “solucionan el problema” del embarazo precoz. Sin embargo, posturas contrarias como la de la ex cartista Rocío Abed respaldaron la prohibición, logrando avanzar con el documento.
Estos son los diputados que votaron por seguir permitiendo la unión con menores
Una deuda pendiente: Paraguay, a la cola de la región
Paraguay continúa siendo el único país de toda América Latina y el Caribe que aún permite legalmente el matrimonio de menores. A nivel regional, la situación es crítica: organismos internacionales advierten que esta zona del mundo es la única donde no se han registrado descensos importantes en los últimos diez años en cuanto a matrimonios infantiles y uniones tempranas y forzadas (MIUTF), ubicándose como la segunda región con mayor prevalencia global, solo superada por el África Subsahariana.
Informes especializados, como el estudio Invisibles a plena luz del UNFPA y Plan International, revelan la cruda realidad detrás de estas cifras: en el país, el 16,1% de las adolescentes de entre 15 y 19 años ya están casadas o unidas. Este porcentaje se dispara drásticamente al 36,6% entre las jóvenes con menor nivel educativo y al 30,8% en comunidades indígenas, afectando especialmente (un 25%) a los sectores en situación de pobreza extrema.
Lejos de ser una “solución”, los especialistas advierten que estas uniones están profundamente ligadas al abandono escolar, la trunca oportunidad de desarrollo, la pobreza estructural y la exposición a graves ciclos de violencia de género.
La modificación de la ley —reclamada históricamente por organismos internacionales como el Comité CEDAW— busca cerrar esta brecha legal para blindar los derechos de la niñez. Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Senadores para su debate y tratamiento definitivo.