Antes de la reunión de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos presuntamente falsos del Senado, el presidente del órgano, Patrick Kemper, informó sobre los resultados iniciales brindados por la Contraloría General de la República (CGR) y la necesidad de esclarecer las inconsistencias detectadas.
En ese contexto, el presidente de la comisión, Patrick Kemper, reveló que el primer informe identificó inicialmente 1.090 casos que deben ser aclarados.
El senador sostuvo que los hallazgos evidencian fallas reiteradas de control, debilidades en los sistemas informáticos y concentración de funciones.
Por ello, señaló la necesidad de establecer controles más efectivos y priorizar la verificación individual de cada caso. También mencionó que existen propuestas legislativas relacionadas con el tema.
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Es un avance, pero no el panorama completo
Por su parte, el contralor general, Camilo Benítez, calificó el escenario detectado como una situación más grave de lo previsto.
Aclaró que el documento constituye un avance preliminar y que todavía no permite dimensionar la totalidad de las presuntas irregularidades, debido a que el análisis se realizó únicamente en 35 instituciones públicas.
El análisis identificó 1.090 títulos correspondientes a 1.082 funcionarios. La revisión todavía no abarca a todo el Estado, debido a que, al momento de elaborarse el informe, faltaban respuestas de 221 organismos públicos y 27 instituciones educativas.
El informe también detectó 877 ofertas académicas sin acreditación vigente dentro del grupo examinado, de las cuales 184 corresponden al área de salud.
Cones, bajo cuestionamiento por el control
Benítez cuestionó el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y su capacidad para controlar la habilitación de carreras universitarias.
“El Cones no cumple con su misión de manera mínima. Existen muchísimas universidades, facultades y carreras que la gente cursa y que el Cones no les habilita”, sostuvo.
El contralor también señaló que existen carreras cuyos programas no cuentan con acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), un aspecto especialmente relevante -según indicó- en áreas como la salud, donde se requiere certificación de calidad.
Suspensión de habilitaciones por parte del Cones
Además, custionó que el Cones no habría aplicado sanciones en los casos analizados. Además, mencionó que el propio organismo reconoce limitaciones de infraestructura y recursos humanos para cumplir con sus funciones de control.
Ante este escenario, Benítez planteó la necesidad de revisar el sistema de habilitación de las carreras universitarias.
“Sugerimos que el Cones evalúe la posibilidad de suspender las habilitaciones hasta tanto se reorganice y tome las medidas necesarias”, dijo.
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MEC, universidades y otros organismos bajo la lupa
De acuerdo a Benítez, el informe preliminar también identificó casos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Según explicó el contralor, funcionarios accedieron a cargos mediante títulos que, de acuerdo con las universidades consultadas, no fueron cursados en esas instituciones.
Benítez cuestionó que el MEC, como organismo responsable, no haya realizado las investigaciones o verificaciones correspondientes. No obstante, aclaró que la situación también involucra a universidades nacionales y privadas, sin que ello implique eximirlas de responsabilidad.
El contralor precisó que el análisis presentado hasta el momento no incluye al Poder Judicial, la Fiscalía ni el Congreso. También reveló que la propia Contraloría registra cuatro casos, respecto de los cuales ya se iniciaron sumarios administrativos.
La investigación actual se concentra exclusivamente en funcionarios públicos y no contempla todavía al sector privado. Según Benítez, el universo total de personas que debe ser investigado asciende a 94.000, mientras que el informe sigue pendiente de respuestas de instituciones estatales y universidades consultadas.
Contraloría presentó denuncia ante la Fiscalía
Ante los hallazgos, la Contraloría presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por la presunción de un hecho punible. El informe es preliminar y las verificaciones deberán continuar para determinar las circunstancias de cada caso y las eventuales responsabilidades.
Benítez advirtió que las consultas realizadas a las universidades también podrían contener errores, por lo que será necesario contrastar la información antes de establecer conclusiones definitivas sobre cada funcionario.
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“Esto de los 1.000 funcionarios, aunque es gravísimo, no es lo más relevante, aquí hay un problema enorme respecto a la responsabilidad que tienen los organismos del Estado al momento de habilitar una carrera”, mencionó el contralor, al referirse al papel del Cones.
El contralor también lamentó que el negocio de la educación superior estimule la expansión de la oferta académica sin que necesariamente existan controles suficientes sobre su calidad.