El pasado 20 de octubre, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que prohíbe definitivamente (sin excepciones como hasta ahora) el matrimonio con menores de 18 años, pero que según el diputado abdista Daniel Centurión, de poco servirá si no está acompañada de una pena carcelaria. Por lo que la semana pasada planteó esa otra arista, la de la sanción penal y que ya se incluyó para su tratamiento el martes 10 de noviembre.
“Sí, he conversado con la mayoría de miembros de las distintas bancadas. De hecho, líderes de las (tres) bancadas coloradas han firmado el proyecto y han acompañado y han mencionado que van a aportar para nutrir mucho más todavía el proyecto”, dijo Centurión.
También agregó que habló con líderes de las bancadas de la oposición y “que varios colegas de las distintas bancadas se han pronunciado a favor de acompañar el presente proyecto, entonces yo tengo mucho optimismo de que va a ser aprobado el próximo 10 de noviembre”.
Si bien suenan similares por abordar la misma problemática: la de los matrimonios antes de los 18 años, ambos proyectos abordan aristas y leyes distintas: el Código Civil y el Código Penal, respectivamente.
El que ya tiene media sanción refiere a la prohibición de legalizar los matrimonios sin excepciones, ya que actualmente la ley vigente avala la unión a partir de los 16 años con el aval de los padres, tutores o de un juez (modificando el Código Civil), mientras que el proyecto de Centurión busca castigar en caso de que dicha norma sea violada (Código Penal).
La intención de este nuevo proyecto es “castigar a aquellas personas que propician un matrimonio incluso pese a la prohibición legal. Castigar a todos los que sean parte: el adulto (que se casa con el menor), los padres o tutores (del menor) que avalen y también el funcionario público”.
Centurión acotó que, en el caso de los dos primeros, es decir, el adulto que se case con un menor y los padres o tutores, la pena planteada es de 3 años de prisión o multa, mientras que la mayor carga es para el funcionario público que pretenda avalar el acto ilegal, para el cual se sugiere una pena de 5 años de prisión.
Acotó que espera que la media sanción se dé el 10 de noviembre, ya que la intención es que ambos proyectos se traten a la par en su segundo trámite en el Senado.