Debido a una exclusión a pedido de la Fiscalía, la familia de Rodrigo Quintana no puede apelar el sobreseimiento definitivo del comisario Tomás Ramón Paredes Palma y el suboficial Arnaldo Andrés Báez, del proceso penal por el ataque al local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Sin embargo, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos no descarta que más adelante se inicie otro proceso puntual por el asesinato del joven en el #31M.
Un Tribunal de Apelación en lo Penal excluyó a los padres de Rodrigo Quintana, asesinado el 1 de abril de 2017 en la sede del PLRA, de formar parte de la querella adhesiva. En este sentido, solo admitió como parte del proceso a la expareja del joven, Leticia Redes. Esta resolución es consecuencia de la apelación presentada por el fiscal Giovanni Grisetti en cuanto a la participación de los progenitores en el caso.
La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso planteado por la defensa y ratificó que el oficial inspector Guido Amarilla Vera enfrentará juicio oral y público por el hecho punible de lesión grave. Según la acusación el agente policial participó del atropello al local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el 31 de marzo del año 2017, donde fue asesinado Rodrigo Quintana.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de la familia de Rodrigo Quintana, destacó que ahora que se destrabó la causa esperan que el Juzgado ordene a Fiscalía que realice más investigaciones e incluya a más personas involucradas. Lamentó que los querellantes hayan sido excluidos, cuando eran los únicos que buscaban la unificación de procesos y la búsqueda de la verdad.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien representa a la familia de Rodrigo Quintana, señaló que luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que destrabó la causa, ahora buscarán la imputación “de todos los policías” que estaban en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) cuando falleció el joven liberal.
La abogada y apoderada del efrainismo, Liliana Boccia, reclamó al titular del PLRA, Hugo Fleitas, el pago de G. 159 millones por defender a los procesados por la quema del Congreso y el ataque a Colorado Róga entre otros casos, cuyos defendidos fueron Efraín Alegre Irún (h) y Stiben Patrón a la cabeza.