Un Tribunal de Apelación en lo Penal excluyó a los padres de Rodrigo Quintana, asesinado el 1 de abril de 2017 en la sede del PLRA, de formar parte de la querella adhesiva. En este sentido, solo admitió como parte del proceso a la expareja del joven, Leticia Redes. Esta resolución es consecuencia de la apelación presentada por el fiscal Giovanni Grisetti en cuanto a la participación de los progenitores en el caso.
El Ministerio Público dispuso el traslado de los agentes fiscales Stella Mary Cano, Esmilda Álvarez y Armando Cantero, de cuestionada gestión. La primera fue criticada por no apelar el sobreseimiento al exintendente Mario Ferreiro en un juicio por falsificación de documentos; la segunda por imputar a cinco dirigentes del PLRA en las pesquisas del crimen de Rodrigo Quintana y el tercero fue denunciado por presuntamente recibir sobornos del narcotraficante brasileño “Minotauro”.
Tras la quema parcial del Congreso, del ataque al PLRA y el asesinato a Rodrigo Quintana, el entonces presidente Horacio Cartes acusó a la oposición de intentar un “golpe” en su contra y el hoy presidenciable colorado, Santiago Peña, sostenía que la crisis no afectaría económicamente al país. Las autoridades policiales eran destituidas y ya se alistaba el cuento de que el policía que ultimó a Quintana “actuó solo”. Hubo actos de repudio en todo el país contra senadores.
Se cumple el sexto aniversario del 31M, crisis política financiada por Horacio Cartes y respaldada por Fernando Lugo para habilitar la reelección presidencial. Un Senado “mau” atropelló la Constitución, pelotones antimotines reprimieron salvajemente y los manifestantes incendiaron el Congreso. La policía inició una cacería humana en el microcentro que concluyó con el atraco y un asesinato dentro del PLRA.
“En el 2017, prometió un millón de dólares de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su impulso infructuoso de reforma constitucional que le permitiera postularse para un segundo mandato en el 2018″, señala la acusación del Gobierno de Estados Unidos, en la fundamentación de su sanción financiera al expresidente Horacio Cartes, en enero pasado. Ayer, el Senado pidió auditar el cruce de llamadas.
El Ministerio Público nunca tuvo en cuenta el cruce de llamadas que reveló incesantes comunicaciones ya días antes del intento de enmienda constitucional forjada por el cartollanismo. En momentos clave, personas que nada tenían que ver con la cadena de mando mantuvieron conversaciones con jefes policiales incluso en el horario del ataque a la sede del Partido Liberal .