Los funcionarios judiciales no informarán sobre sus activos y pasivos, ni proveerán datos personales de sus parientes a la Contraloría, que tampoco podrá proceder a la apertura de cajas de seguridad que puedan tener los mismos. La Sala Constitucional de la Corte declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Nº 5033/13 y de resoluciones que la reglamentan. Estos fueron atacados por 18 funcionarios del Poder Judicial, que son los beneficiados con el fallo del máximo tribunal.