La Justicia Electoral comenzó este mes una auditoría al trabajo de los funcionarios que realizan inscripciones para el Registro Cívico Permanente (RCP), la mayoría de ellos recomendados de los partidos políticos. El objetivo es evitar los traslados intencionales de personas, a más de las reinscripciones no fundamentadas que promueven algunos operadores políticos para tener ventajas en las elecciones.