9 de febrero de 2026
El Instituto de Previsión Social (IPS) cuenta con cinco días hábiles para presentar documentos dentro del marco de la auditoría iniciada por la muerte de un asegurado que esperaba un cateterismo. El diputado Mauricio Espínola se ratificó en la denuncia por presunta “negligencia criminal”.


Desde el inicio de la semana, funcionarios de la Contraloría General de la República están trabajando en este distrito chaqueño, con el objetivo de verificar documentaciones y obras, ante la denuncia de concejales sobre la supuesta existencia de obras fantasmas y sobrefacturadas durante la administración del intendente Joao Ferreira. La Municipalidad cuenta con un presupuesto anual que supera los G. 8.000 millones, mientras que, una vez más, los pobladores están colaborando para reparar las calles de la comunidad.
Por presión de organizaciones de jubilados, la Contraloría General de la República iniciaría una auditoría al Instituto de Previsión Social a partir de agosto, habida cuenta del déficit corriente del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, cuyos nuevos ingresos no alcanzan para cubrir el pago de los haberes jubilatorios, por lo que debe recurrir a recursos que tendrían que ir a sus reservas. Dos grandes preguntas que surgen son por qué tardaron tanto, siendo que este es el sexto año consecutivo de saldo rojo, y qué pasó con la Superintendencia de Pensiones que hizo aprobar este Gobierno en 2023 con la promesa de regular y supervisar el sistema previsional, nada de lo cual ha ocurrido.

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) alista los detalles para recibir las inspecciones cruciales de Estados Unidos y Japón, que próximamente enviarán equipos de auditores para evaluar al complejo cárnico nacional. Según consideró Senacsa, ambos países representan importantes oportunidades para la producción y la industria pecuaria.

Tres organizaciones de nuestro país, sociales y políticas, pedirán al contralor general de la República, Camilo Benítez, que audite la gestión de la ANDE en la entidad binacional Itaipú por violación del marco jurídico y por daño patrimonial al Estado paraguayo.