10 de septiembre de 2026

Casi el 90% de las municipalidades del país apela a las contrataciones por excepción ante la DNCP. Solo entre 2025 y lo que va de 2026, una de cada tres comunas usó este atajo para direccionar recursos hacia aulas, informática, pozos artesianos y asesorías. Muchos procesos carecen de precios referenciales y ni siquiera revelan a los proveedores beneficiados.

Al cierre del plazo legal de presentación de rendición de cuentas de fondos de royalties ante la Contraloría General 164 de 250 municipalidades (66%) no lo hicieron, y tres gobernaciones de 17 tampoco cumplieron. El órgano superior de control rechazó las rendiciones de cuentas de varias municipalidades, entre ellas Asunción, Ñemby, Mariano Roque Alonso y Filadelfia. Tampoco aprobó la rendición de la Gobernación de Concepción.

Al rechazo de los balances en las municipalidades de La Paloma y Mariano Roque Alonso, más el blanqueo en la Comuna de Asunción, se suma el rechazo del balance del ejercicio 2015 de la Municipalidad de Fernando de la Mora que corresponde a la administración de Édgar Quintana por presunta malversación de fondos. Un factor común es que todos pertenecen a la ANR.
Hasta el lunes 14 de marzo último 28 municipalidades de un total de 249 seguían sin presentar ante la Contraloría General su rendición de cuentas de dinero recibido del Fonacide, y 34 comunas tampoco exhiben sus balances en concepto de royalties. El plazo venció el 15 de enero. La no presentación las inhabilita para recibir próximas partidas por los dos conceptos citados.
De noviembre del 2012 a diciembre del 2015, un total de 249 municipalidades y 17 gobernaciones de la República recibieron US$ 212.228.773 del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para invertir en sus comunidades en beneficio de la educación, sobre todo.

En los últimos tres años, los 249 municipios de todo el país han recibido US$ 143 millones en transferencias del Fonacide y US$ 283 millones por Royalties, un total de US$ 426 millones en ambos conceptos. Este dinero tenían que impulsar el progreso en infraestructura y educación para los ciudadanos pero su manejo discrecional, la falta de rendición y la tímida acción fiscal permitieron que se sigan malversando estos fondos.